Por Dino Pancani
Un reportaje de la televisión pública denunció a un empresario por torturar a un grupo de trabajadores, en especial, a uno que aparecía como el más débil. Esta denuncia, con imágenes incluidas, se hizo en Fiscalía durante dos años y no se avanzó en la búsqueda de justicia, más bien, se intentó asegurar impunidad al empresario, evidenciándose que en Chile “las instituciones No funcionan” con la celeridad y pulcritud que los chilenos pobres necesitan y que las autoridades son más diligentes cuando están frente a una cámara de televisión.
Quisiera detenerme en la actitud de los trabajadores de la empresa del argentino Hugo Larrosa, en los colegas del hombre torturado; quiero destacar la mofa de quienes participaban de estas sesiones de tortura; relevar la complicidad de todos los que sabían y no hicieron nada y vincular el silencio de hoy, con el de hace tres décadas, cuando las torturas y las vejaciones provenían del Estado.
La memoria tiene aristas que no han sido visibilizadas; algunas se han omitido como parte de las estrategias políticas que permitieron juntar a una parte de la antigua y la nueva élite en un mismo hemiciclo y otras para mantener una suerte de “armonía cínica” que permitiera a colaboradores/as, negligentes y pusilánimes de la Dictadura, relacionarse con personas que tuvieron la virtud de defender la dignidad propia y la de otros, expresar su descontento y demostrar entereza, a riesgo de consecuencias que podían culminar con su vida.
Me recuerda a aquellos profesores que no se inmutaron cuando nos expulsaban de los liceos por pedir democracia, un trato justo, por exigir “libertad para estudiar y seguridad para vivir”, como invocaba la consigna del movimiento secundario.
Me recuerda a aquellos funcionarios que, amparándose en ser técnicos, no tenían opinión en torno a las injusticias laborales, sobre los salarios de hambre o la persecución al dirigente sindical.
Me recuerda que la Dictadura, también, se sostuvo en la pasividad de personas que no tuvieron el mínimo coraje para solidarizar con las víctimas, empatizar con el perseguido, fraternizar con el sufrimiento del prójimo. ¿A qué precio se debe mantener un trabajo?
Las violaciones a los derechos humanos, las prácticas de tortura y exterminio, el abuso, no son experiencias para encapsularlas en un pasado que se dice superado.
Todo vejamen que se produce contra una persona por su condición de fragilidad, por su pensamiento, por su origen, por su accionar tiene de referencia el pasado y tiene el crudo, amargo y angustiante sello del presente, que hoy, se ejemplifica en un empresario bestialmente cobarde.
El actuar criminal del empresario Hugo Larrosa, en su empresa situada en Colina, se suma a la crueldad de políticos/as que minimizan y/o niegan la responsabilidad de la Dictadura en las violaciones a los derechos humanos, al trato discriminatorio al inmigrante pobre, al acecho a la población LGTB, entre otros acontecimientos que la TV trasmite habitualmente.
Por otra parte, la matriz que permite que se sigan produciendo estos abusos se alimenta de una institucionalidad deficiente, de la imposición de un mensaje de desprecio y odio vociferado por sujetos que gozan de poder y posición y de la existencia de una mayoría que por temor o desidia no se decide a actuar de manera individual y colectiva.
