Por Lucía Sepúlveda
Argentina fue parte de la Operación Colombo, preludio de Condor, armada por la DINA chilena en coordinación con sus pares de los servicios secretos trasandinos y de Brasil. En “Lea”, una publicación creada en Buenos Aires para la ocasión, se publicó por primera vez la Lista de los 119, con la cual la dictadura buscaba encubrir las detenciones de luchadores antidictatoriales y aterrar al pueblo.
42 años después, en Mendoza, Argentina, culminó el “juicio a los jueces” llevado a cabo durante 3 años, con condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, para cuatro ex magistrados: Luis Francisco Miret, Otilio Romano, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. La información se publicó en el diario argentino La Nación el 26 de julio, pero es ignorada por la prensa chilena. Se vienen juicios similares en Córdoba y posteriormente en San Luis, sin importar la edad de los acusados, en el marco de la doctrina internacional de derechos humanos. En cambio, a este lado de la cordillera, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, junto a parte de la clase política y de la Iglesia, se han confabulado para liberar por razones de “edad” a criminales, autores y perpetradores de delitos de lesa humanidad, y respaldan un proyecto de ley en ese sentido. Ya están libres cuatro criminales que habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad, acogidos a beneficios carcelarios en este país de cárceles-boutique como Punta Peuco, pensiones privilegiadas para los uniformados, y violación y muerte para los niños y niñas pobres en hogares del Estado.
Verdad, justicia y lucha social
El domingo 31 de julio, en la ex Casa de Tortura de calle José Domingo Cañas 1367, en Santiago, madres, esposas y familiares de los 119 chilenos y chilenas desaparecidos en la Operación Colombo renovaron su compromiso de lucha por verdad y justicia, rodeados ahora por artistas, jóvenes, y colectivos de derechos humanos que las ayudan a sostener ese anhelo, vinculado cada vez más a las demandas sociales de hoy. Al inicio del acto se pidió a los presentes firmar en apoyo al machi Celestino Córdoba, preso político mapuche, que está solicitando a Gendarmería permiso por 2 días para ir a su rehue (altar) y reencontrarse con la energía de su pueblo para recuperar su salud. Entre las primeras en firmar estuvieron Luz Encina, que ya tiene 96 años, madre de Mauricio Jorquera, el joven estudiante de sociología y ex alumno del Instituto Nacional; Mina Antequera, de 86, madre de los hermanos Andrónicos, tocopillanos detenidos cuando trabajaban para armar una radio para la Resistencia, y Ana Molina, la anciana madre de Pedro Merino, el joven sastre llevado a Colonia Dignidad y desaparecido desde Cuatro Alamos.
Un sobrino de Mina llevó a sus amigos al acto, a rapear por los 119.Una emocionada audiencia se unió a Berta Valdebenito, esposa de Teobaldo Tello y torturada como él en ese recinto, para aplaudir a su hijo, autista, que bailó su dolor desplegando una tela blanca.
Mónica Pilquil, la esposa de Darío Chávez, el actor y estudiante de leyes desaparecido en la Operación Colombo cantó junto al conjunto del Colectivo 119, que interpretó, entre otros, un poema de Oscar Hahn musicalizado por Bodenhoffer. “El hueso es un héroe de la Resistencia” decía al final la canción “El Hueso”, resonando en el silencio de esa sala poblada de mujeres que han buscado por cuatro décadas a sus seres queridos y son testigos de los hallazgos de restos en otros casos de detenidos desaparecidos, pero nunca de los suyos. “Curiosa es la persistencia del hueso/su obstinación en luchar contra el polvo/ su resistencia a convertirse en ceniza”, partía el poema de Hahn.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos recordó en el acto que el vecino del ex recinto de tortura, empresario dueño de Rochet (El Castillo del Jueguete) llevó adelante la demolición de esa casa donde fueron torturados muchos de los desaparecidos en la Operación Colombo, ante la impotencia de Laurita Moya y de quienes junto a ella se habían organizado para convertir el lugar en una Casa de Memoria. El objetivo se alcanzó parcialmente, partiendo literalmente desde el polvo de la demolición, ya que desde el 2002 la casa es Monumento Nacional. 
Claveles rojos y velas fueron depositados al aire libre al atardecer del 31 de julio, bajo las fotos de los 119 compañeros y compañeras atadas al tope de varas en la explanada donde antes estaban las salas usadas para torturar a 28 de ellos: Jorge y Juan Carlos Andrónico, Francisco Aedo, Jacqueline Binfa, Sonia Bustos, Mario Calderón, Cecilia Castro, Bernardo de Castro, Jorge D´Orival, Jacqueline Drouilly, (embarazada de 3 meses), Modesto Espinoza, Luis Fuentes, Carlos Gajardo, José Jara, Mauricio Jorquera, Néstor Gallardo, María Cristina López, Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Vicente Palominos, Carlos Pérez, Carlos Salcedo, Ariel Salinas, Marcelo Salinas, Sergio Lagos, Sergio Reyes, y Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga. El recinto fue comandado entre otros por Marcelo Moren Brito, quien murió en el Hospital Militar en 2015, el día que debía ser notificado de la condena por el secuestro de Rodolfo Marchant, uno de los 119. Ese juicio se cerró sin condenas a nadie, demostrando que la justicia tardía es sinónimo de impunidad.
Renuncia de Oviedo
Muchos de los asistentes al acto participaron también en la marcha realizada el 28 de julio en Santiago por organizaciones de derechos humanos y sociales, para rechazar la impunidad en curso. En la Plaza de Armas, al finalizar la movilización los manifestantes ovacionaron a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos por exigir asimismo la renuncia del comandante en jefe del Ejército, General Humberto Oviedo que presionó por la libertad de los criminales en presencia de altas autoridades de la república. Recalcó también Alicia Lira que también demandan justicia por los crímenes cometidos en democracia como la desaparición de José Huenante, y las muertes de Nelson Quinchillao y Manuel Gutiérrez, entre otros luchadores sociales.
Las escandalosas pensiones de “invalidez postraumática” de que gozan criminales de lesa humanidad, unidas a las pensiones también millonarias de los perpetradores recluidos en Punta Peuco, y la huelga de hambre de los ex presos políticos en demanda de reparación, fueron el telón de fondo de la movilización.
Diversos actos conmemorativos de los 42 años de la Operación Colombo, como un conversatorio en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se suceden en estos días.
El montaje, los medios y las pensiones
En el acto se recordó como los medios chilenos encubrieron la desaparición de 119 luchadores antidictatoriales (19 de los cuales eran mujeres) detenidos entre el 8 de julio de 1974 y el 20 de enero del 75, “informando” en grandes titulares de sus muertes “por vendettas internas”. Reprodujeron notas de Lea y O Dia, revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil. La Segunda inició la maniobra, con su escalofriante titular de portada del 24 de julio de 1975: “Exterminados como ratas”. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial del montaje. Entre los secuestrados, 94 eran militantes del MIR, 9 eran socialistas 7 comunistas, y 1 del MAPU. Había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Cuando desaparecieron, la mitad de ellos tenía entre 18 y 25 años. La mayoría eran de Santiago, pero algunos de los detenidos habían llegado a la capital huyendo de la represión desatada en sus regiones de origen (Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, BioBio, Maule, Araucanía).
Viejos criminales
Sólo en algunos de los 36 secuestros fallados hasta hoy por la Corte Suprema, los criminales que perpetraron la Operación Colombo cumplen prisión efectiva, porque 12 de las sentencias fueron irrisorias (ver cuadro 1). Dos de los responsables máximos de esta siniestra trama, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff han estado ad portas de abandonar el penal de Punta Peuco para irse a su casa, postulando a beneficios carcelarios, apoyados en la campaña que recubre la impunidad con canas y certificados médicos. En el juicio que se sigue por la desaparición de Germán Moreno, funcionario del hospital San Borja, y estudiante de Derecho en la U, la Corte de Apelaciones rebajó de 8 a 3 años la condena que se había impuesto a Krassnoff. Los integrantes de la cuarta sala, ministros Cristóbal Mera, M. Rosa Kittsteiner y Pedro Advis de esta manera posibilitaban la salida de Krassnoff puesto que sólo se cumplen en forma efectiva las penas de 5 años y un día.
Sin embargo este año Krassnoff había recibido nuevas condenas en primera instancia. El Ministro Crisosto lo sentenció a 20 años por los secuestros de Francisco Aedo, los hermanos Andrónicos Antequera, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Agustin Fiorasso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes, Gilberto Urbina e Ida Vera. Asimismo fue sentenciado en forma separada a 15 años por Martín Elgueta y María Inés Alvarado; otros 15 por María Cristina López y nuevamente, por Roberto Chaer. Por Carlos Cubillos deberá cumplir 10 años, por Manuel Villalobos, 8 y por Mónica Llanca, 7 años. Por eso es que requieren una ley especial; las nuevas condenas les impiden salir.
Krassnoff , experto en montajes, fue condenado a otros 20 años en el fallo definitivo por el caso de la Rinconada de Maipú que significó la masacre de la familia Gallardo (hechos ocurridos entre el 18 y 19 de noviembre), y a 10 años por el asesinato de Augusto Carmona, presentado también como “enfrentamiento”. De todas formas, seguirá recibiendo su jugosa pensión de $ 2.489.658.
En el caso de Iturriaga, el criminal enfrenta nuevas condenas por Arturo Barría (7 años), Eugenia Martínez (15 años) y 20 años por los 14 casos investigados por el juez Crisosto. En la llamada “cárcel boutique” de Punta Peuco, Iturriaga recibe mensualmente una pensión de $2.143.977. Pero el 9 de enero de este año, el 29° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda civil por daño moral presentada por cuatro hijos del poblador de Arrieta, Modesto Espinoza, uno de los 119, detenido el 23 de agosto de 1974, en la Región Metropolitana. Su esposa también fue detenida y hostilizada y debió marchar al exilio con sus niños en 1982. En el juicio por reparación civil, la magistrada María Morales aplicó la prescripción, acogiendo los argumentos del Estado de Chile. La familia tampoco obtiene aun la sentencia definitiva en el juicio penal. El tiempo corre a favor de los perpetradores, no de quienes sufren por la impunidad que ha regido por décadas.
Complicidad de la Suprema
Respecto de los 119 secuestros y desapariciones, la Corte Suprema apenas dictó 4 sentencias a firme entre julio de 2016 a julio 2017. Así terminó la espera para los familiares de la ex funcionaria del registro civil Mónica Llanca, los del estudiante de sociología Manuel Villalobos, el dirigente poblacional de Lo Hermida Carlos Cubillos, y el estudiante de medicina Jorge Ortiz Moraga. En cambio la impunidad es total para los familiares tras las desapariciones del albañil del sector de Las Rejas Sur, Eduardo Alarcón; del activista de la lucha de los mapuche en Lautaro, Ramón Labrador; y de la secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, la actriz Violeta López. Lo mismo ocurre en los casos del comerciante Juan Bautista Maturana, del dirigente sindical de la Corporación de Mejoramiento Urbano CORMU, Edgardo Morales Ch; del futbolista de barrio en Lo Valledor, Leopoldo Muñoz; del estudiante de la Universidad de Santiago Ramón Núñez, y del estudiante de sociología de la Chile, Carlos Salcedo. No hay absolutamente ningún avance en los juicios entablados para condenar a los responsables de su desaparición.
Son sólo 36 los casos con sentencias a firme. Hay 55 casos con sentencia de primera y segunda instancia. A este ritmo (ver cuadro 2) muchos criminales seguirán muriendo antes de que se les sentencie o bien zafarán de prisión con la venia y complicidad de los jueces, terminando sus días impunemente en sus domicilios particulares. El Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, ha dado a entender que los delitos de lesa humanidad son como cualquier otro delito, y por tanto a los condenados en Punta Peuco se les debiera permitir abandonar el penal por su avanzada edad. La interminable espera de justicia tiene terribles costos sicológicos y morales para los demandantes. Muchas de las madres y familiares han fallecido de cáncer en estos años. Armados de dignidad y amor por los suyos y por su pueblo, y organizados en distintos espacios los familiares, amigos y compañeros de los 119 siguen alzando su voz contra la impunidad, porque la impunidad del pasado garantiza la injusticia de hoy.
