Por Dino Emilio Pancani
El acuerdo parlamentario fue urdido ilegítimamente, si bien es institucional, el esfuerzo podría haberse hecho de un modo que la propuesta tuviese legitimidad. Paso a explicarme:
El Congreso, los partidos políticos y el gobierno son parte del problema. Independientemente de que algunos políticos/as quieran tomar una posición favorable a las movilizaciones, no pueden desprenderse de la responsabilidad que tienen en esta crisis. Y una de las razones, además del abuso, la desigualdad, la impunidad, la corrupción, entre otras, es que el ejercicio democrático, la transparencia democrática, el sentido de la democracia, sigue siendo una materia en la que han tenido un comportamiento deficiente. Las instituciones y quienes han hecho de la política su profesión son los causantes de que convivamos en una sociedad autoritaria y el acuerdo que han suscrito insiste en mantener esta característica.
Esta inflexión se fraguó en julio de 1989, cuando la Concertación de Partidos por la Democracia aceptó plebiscitar 54 reformas constitucionales propuestas por la Dictadura y avaló un gran simulacro de participación. Evento que consagraría la prescindencia del pueblo para hacer política; de ahí en adelante, todo se ha resuelto entre las élites, primando la profundización de la estructura económica, política, social y cultural que la Dictadura impuso por la fuerza.
Como correlato de lo anterior, los grupos de poder naturalizaron solucionar “en la cocina de algún personaje” o en los pasillos del Congreso, los destinos del país. El “acuerdo por la paz y una nueva constitución” es consecuencia de ese modo intrínseco de entender la democracia, un modo profundamente antidemocrático. Los políticos/as profesionales no han cambiado, son la institucionalidad y hay que trabajar con ellos y ellas, lo que nos obliga a movernos con una desconfianza aprendida que sugiere poner, a algunos/as, brazaletes y tobilleras simbólicas que sirvan de instrumentos vigilantes y obligarlos a escribir todo compromiso que toman, aunque lo borren con el codo, al menos dejan una huella. Ese acuerdo tiene más silencios que certezas y las que tiene son objetables.
Si en 1989 les resultó la pantomima, 30 años después es posible que no les resulte, ya que el pueblo tiene conciencia de quiénes son y ellos/as no tienen la base social, ni el capital político para poner a disposición de los poderes fácticos. Hicieron una apuesta rancia y torpe, creyeron que seguían teniendo la piel lozana, pero han pasado tres décadas y sus tejidos están flácidos.
Los mecanismos de entrada y de permanencia en la política profesional, inducen a la demagogia y el engaño, los ejemplos más actuales son el comportamiento de jóvenes y no tan jóvenes que prometieron una nueva política, ganaron notoriedad pública y se disfrazaron de palomas blancas para blindar la represión y el modelo, o pasaron por sobre la democracia interna de su conglomerado y participaron de una acción que, como consecuencia directa, desmembró a un movimiento político con espíritu reformador, ya que fue utilizado como una PIME por una de sus principales vocerías. Comportamiento similar al de la vieja política que ayer mandaba a fumar opio a quienes estábamos por una asamblea constituyente y hoy guarda silencio público, pero sigue operando para desbaratar cualquier intento transformador democrático.
El acuerdo es ilegitimo, porque hay más de 25 muertos identificados como víctimas en el marco de esta rebelión, centenares de heridos oculares, torturados, mujeres y hombres violados, más de tres mil heridos, diez mil detenidos y una sistematicidad de violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros, que actúan como pandilla, bajo la misma doctrina que los llevó a asesinar a miles y violentar a cientos de miles en sus derechos humanos durante la dictadura, cuyo Director General promete impunidad frente a los delitos cometidos sin que autoridad superior alguna lo haya desmentido o precisado sus dichos. ¿Cuánta energía han gastado los parlamentarios del acuerdo en denunciar y defender los Derechos Humanos, en pedir juicio y castigo?
El acuerdo es ilegitimo, porque excluye a un sector político y social que ha puesto energías para sostener una movilización impulsada por colectivos que tienen la luminosidad de expandir reivindicaciones y dotarlas de sentido social, han permitido crear comunidad y fortalecer la idea de asociarse para mejorar la calidad de vida todos y todas..
El acuerdo es ilegitimo, porque más allá de la discusión técnico jurídica de cómo se resolverán los disensos, debate que se basa en el supuesto de la nueva constitución y en las palabras de parlamentarios/as que no las honran con sus actos, puso como cerrojo los 2/3, de ese modo, una minoría puede bloquear a una mayoría, es decir, la minoría tiene el valor de la mayoría, independientemente que esa minoría pueda ser transitoria.
Promueve acuerdos en la medida de lo posible, los cuales serán suscritos por asambleístas elegidos en un concurso que sólo beneficia a los actuales partidos políticos, me refiero a la elección distrital: qué representación tendrán nuestros pueblos originarios, como se asegurará paridad de género, podrán ser asambleísta los independientes?. Nada dice el acuerdo y como dice dice es que debemos adivinar que no será una Asamblea o Convención pluralista y representativa.
Ojalá que los parlamentarios entiendan que aún es tiempo de, en el marco de la institucionalidad, crear una nueva constitución que asegure dos valores necesarios y justos: democracia y paz. Aún es tiempo de que recapaciten y pongan a Chile y su pueblo por delante; dejen sin efecto un acuerdo ilegitimo y articulen un cambio transparente, democrático y participativo. ¿Es mucho pedir…?
