La desnacionalización del cobre la hizo la Concertación
La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet ni es la Constitución que la impone. Al terminar Pinochet el 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado, hoy solo menos de un tercio lo produce Codelco. Este descalabro lo hizo la Concertación sin que la Constitución haya impuesto esta desnacionalización. Por el contrario, Pinochet dejó vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la Nacionalización de la Gran Minería del Presidente Allende (Disposición 17° Transitoria de la Constitución de 1925).
Al terminar Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal, pero fueron privatizadas por La Concertación, y en nada tiene culpa la Constitución, pero si lo exigieron y lo impusieron las transnacionales, esa es su voluntad política.
En 1990, las empresas sanitarias, los puertos pertenecían al Estado, y la Concertación los privatizó y para nada tuvo la culpa la Constitución, sino que fue una exigencia de las transnacionales.
Las transnacionales hicieron muchos intentos por privatizar Codelco, Enami y Enap, pero la Concertación no se atrevió a hacerlo porque se requería los 3/5 del Congreso para modificar la Constitución. Habría sido vergonzoso, puesto que Pinochet dejó vigente en la Constitución la nacionalización es decir Codelco, y prohibió la concesión de los hidrocarburos, solo el Estado los puede explotar. Entonces fue precisamente la Constitución la que nos salvó que la Concertación privatizara Codelco y la Enap.
En 1990 el mar lo administraba el Estado y se favorecía a los pescadores artesanales, hoy está privatizado, ya no hay peces ni pescadores artesanales. Tampoco esto es obra de la Constitución sino de 7 familias chilenas que le han impuesto a la Concertación esta política.
En 1990 las AFP eran casi todas chilenas y solo podían invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero y tenían que pagar IVA. Hoy las AFP son todas extranjeras y pueden invertir en el extranjero hasta el 80% de los fondos, además, ahora el Estado les devuelve el IVA de todo lo que compran en Chile o el extranjero.
Un pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, las AFP también pagan IVA al comprar un computador, pero el Estado les devuelve el IVA. Esta ley se hizo en el gobierno de la Presidente Bachelet.
En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, hoy estas universidades se han expandido y proliferado, gracias a los créditos del Estado para poder estudiar en ellas, y también se ha impulsado a las universidades del Estado a privatizar parte sus actividades para poder subsistir. Es decir, en los gobiernos de la Concertación se ha privilegiado descaradamente la educación privada, pero no fue porque la Constitución la haya obligado.
En 1990 el arancel aduanero era de 15%, hoy prácticamente ha desaparecido con los numerosos Tratados Comerciales firmados, y con ello ha desaparecido la industria nacional textil, del vestuario, del calzado y la mayor parte de las industrias del rubro metal-mecánico.
Podríamos seguir nombrando una serie de otras medidas tomadas en estos 20 años, pero si pudiéramos resumirlas se trata de lo siguiente: Las transnacionales y los organismos internacionales que están bajo su mando FMI, Banco Mundial, OCDE, han impuesto su voluntad política a nuestros gobernantes. Se hace lo que ellos ordenan o permiten, pero no es la Constitución que lo ha impuesto.
Lo que no se ha hecho por culpa de la Constitución.
Esto, eso y esto otro no se puede hacer porque los amarres de la Constitución lo impiden, es el pretexto para justificar lo que no se ha hecho, como por ejemplo:
Que sea gratuita o no pagada la educación media, técnica o universitaria. Que tampoco se podría desmunicipalizar y traspasar al Estado la educación básica y media. Falso, la Constitución no lo impide, puesto que para hacerlo basta con una ley ordinaria, y la Concertación siempre ha tenido mayoría para hacerlo.
La Constitución tampoco impide efectuar una verdadera reforma tributaria, y precisamente porque la Constitución lo autoriza que la Concertación pudo hacer modificaciones que favorecen a los ricos con numerosas exenciones de impuestos e hizo otras que perjudican al pueblo como aumentar el IVA de 16% en el tiempo de Pinochet, a 18% con Alywin y 19% con Lagos y ratificada por Bachelet.
Las leyes tributarias son ordinarias, no requieren quórum, pero son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y la Concertación tuvo 4 presidentes para hacer todos los cambios tributarios que hubiera querido. Entonces, la voluntad política: ¿Quién la impone? La Constitución no es.
Igualmente las leyes laborales son de quórum simple pero de iniciativa presidencial, por lo que los Presidentes de la Concertación pudieron restablecer el derecho de huelga que hoy no existe, bajar la semana de trabajo a 39 hrs. (en Europa es de 35 hrs. e incluso menos), se pudo haber establecido que los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como en Europa, se pudo haber establecido le negociación colectiva por rama o sector, etc.
Pudiendo hacer estas reformas laborales no se hizo, nuevamente no porque la Constitución lo impida sino porque alguien lo ordenó. Desde hace casi un siglo y hasta mediado de los años noventa, en las faenas mineras solo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias, ahora se trabajan en turnos de 12 horas con gran daño para la salud de estos trabajadores. No se le puede echar la culpa a la Constitución de lo que no se quiso hacer en materia laboral, porque estas leyes son ordinarias.
Como se hizo en Venezuela, en Chile también se podría prohibir la pesca de arrastre porque la Constitución no lo impide. Se podría castigar con verdaderas multas a los contaminan e incluso meterlos presos. Se podría li mitar por ley los intereses y comisiones bancarias y financieras.
En fin, la casi totalidad de las leyes en Chile son ordinarias y no necesitan quórums específicos, sobre todo las leyes que tienen que ver con temas sociales y económicos, y no es entonces la Constitución que impide hacer dichos cambios, sino la falta de voluntad política de los dirigentes de los partidos de la Concertación.
La actual Constitución debe ser modificada, por ser ilegítima en la forma como se gestó, y porque necesita realmente reformas de fondo, pero no es cierto que esta Constitución impida efectuar los cambios socioeconómicos que el país necesita. La barrera está en los dirigentes políticos y gobernantes que ha tenido la Concertación. Son estos dirigentes, parlamentarios y gobernantes que tenemos que cambiar, y solo una vez que logremos aquello, podremos hacer no solo los cambios que el país necesita, sino también cambiar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente. No hay que poner la carreta delante de los bueyes.
Julián Alcayaga O.
Economista
www.defensadelcobre.cl
