Estado ausente; poder popular
No es paradójico que en el gobierno de Sebastian Piñera vuelvan las ollas comunes de la dictadura de Pinochet. Son muchos los que manifiestan que -posterior a la llegada de la democracia- poco y nada ha cambiado. “El hambre nunca se fue, siempre ha existido”, manifiestan. Y en tiempos de crisis social, política y sanitaria aún más. Entonces al abandono del Estado aparece la organización popular; pero también la palabra desigualdad. ¿Por qué algunos son tan ricos y una mayoría no tiene ni para comer?
Es real. Según la CEPAL dos millones de chilenos se ven amenazadas por el hambre. La gente se reúne y deciden cocinar entre todos, luego reciben ayudas de otros vecinos y así los más pobres pueden comer. Eso es una olla popular, una olla común. En Santiago hay 250 ollas comunes. La historia de éstas se remonta a 1920 con los trabajadores en huelga. En la actualidad en Chile se han perdido un 1.800.000 empleos y más de 700.000 están suspendidos desde comienzo de año.
Casi 40 años atrás, durante la crisis económica de 1982 y cuando Chile fue levantándose contra Pinochet aparecieron con inusual brío las ollas comunes en los barrios más humildes, pero también de clase media, de Santiago y las grandes ciudades del país. El sistema vuelve a mostrar hoy su cara más feroz. La noche se deja caer más temprano para los indigentes que viven junto a la línea del tren en La Victoria. Sus rucas, como ellos las denominan, cada día están menos abastecidas. Ya no queda nada. Miembros de la parroquia de La Victoria les van a entregar una cena que reciben felices. La mitad del país se encuentra confinado para evitar el manto devastador de la pandemia. Para miles de chilenos las ollas comunes son hoy la única posibilidad de asegurar un plato de comida caliente, pero también como un espacio de encuentro y de protesta.
El efecto del estallido social de octubre pasado se suma para debilitar más una economía cuyos índices macroeconómicos esconden una realidad solapada: la de los 2,5 millones de personas en empleos informales que si no trabajan no comen, agregando las empleados que fueron enviadas a sus casas sin sueldos y recurren a su seguro de cesantía, o al retiro del 10% de sus fondos de pensiones para poder sobrevivir. Pero eso se acaba. En los comedores de La Victoria, Luisa Toledo de Villa Francia, o en la Toma Macarena Valdés, las personas saben que esto tiene para largo. Cuándo terminará esta pesadilla? Eso es una incógnita; lo único seguro es que ante un 12% de cesantía y la ausencia del Estado la única solución es la cooperación popular.
Los invitamos a ver el siguiente reportaje.
Urbe Salvaje
