por Camila Vallejos Dowling
Durante el verano, los habitantes de varias comunas de Santiago experimentamos cortes al suministro del agua. Por algunas horas vivimos lo que muchos compatriotas del norte de Chile viven a diario debido a la grave crisis hídrica que azota a esa zona del país.
Sin duda acá existe un debate pendiente, se han tomado decisiones en las cuales la ciudadanía no ha tenido espacio de participación y se ha visto seriamente afectada. Urge una discusión profunda y democrática sobre cuál debe ser nuestra relación como sociedad con el agua, un recurso vital y estratégico.
¿Hemos discutido de manera soberana el dominio y uso de nuestras aguas?, ¿acaso nos hemos asegurado del cuidado de las cuencas hidrográficas para la preservación del agua para nuestras futuras generaciones, o incluso para los que existimos hoy?, ¿acaso está bien que toda nuestra agua, nuestra principal fuente de vida, esté casi un 100% en manos de privados?
En Chile el agua se regala a perpetuidad, o se vende al mejor postor como un bien privado. Esto tiene un origen. Al igual que con la educación, en 1981, antes de terminar la dictadura militar, se formuló el Código de Aguas que hace que este recurso vital se transforme en un mero negocio y no en un derecho social para todo ser humano.
Este ha sido el paragua institucional, de completa desregulación, que permitió el acuerdo a puertas cerradas que firmaron Aguas Andinas y AES Gener el 7 de junio del 2011. Tal acuerdo concede, por parte de Aguas Andinas la utilización de los recursos hídricos de Laguna Negra y Laguna Lo Encañado al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de Aes Gener, a cambio de pagos mensuales por potencia y energía. Es decir, tenemos una empresa privada que a pesar de que su utilización del recurso agua debe ser exclusivamente para producción y distribución de agua potable para Santiago, firma un acuerdo para involucrarse en un negocio de generación de energía. Cabe recordar, y no deja de llamar la atención, que la misma empresa Aguas Andinas en un inicio se mostró contraria al proyecto Alto Maipo, sumándose a la lista de observaciones ciudadanas.
Esta es una problemática situación que no pasa sólo por la falta de transparencia de tal acuerdo, sino que además porque deja abierta la posibilidad de que en el corto plazo el proyecto al cual beneficia, afecte de manera permanente el abastecimiento de agua potable para la Región Metropolitana.
Por tanto, estamos en frente a la contradicción entre el agua entendida como un recurso en el negocio de los privados y el agua entendida como un derecho inalienable que debiera estar garantizado bajo cualquier condición. Nuevamente chocan los intereses públicos y privados, en un área donde el enriquecimiento está yendo a costa de privar de un vital elemento a sectores de la población.
Tenemos acá un ejemplo más del porque nuestro país debe redefinir, de manera democrática, la línea entre lo público y lo privado, entre la ganancia lícita de la ilícita y definir cuáles serán los bienes públicos que en cuanto derechos garantizados por el Estado no pueden prestarse para el enriquecimiento oneroso de unos pocos. Este es un debate esencial que nos cruza como sociedad en los distintos ámbitos de acción. Es hora que todos los habitantes de este largo y angosto país, comencemos a tomar mayor conciencia sobre el valor no monetario de nuestra agua y la defendamos como un derecho básico fundamental, imprescindible para la vida y la dignidad de las personas. Es hora además que en los marcos de la política formal, los dirigentes y autoridades políticas asuman responsabilidades en la privatización de nuestras aguas y su degradación, y comencemos a hablar con propiedad sobre cómo respeta Chile los derechos humanos, la vida y la soberanía de su pueblo.
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