Por Ricardo Paredes Vargas
Este año se cumple medio siglo del sangriento Golpe de Estado y ya se anuncia la realización de ceremonias conmemorativas de carácter oficial. Estas se darán en circunstancias en que los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos -víctimas ellos también siguen demandando verdad y justicia. Durante todos estos años, ellos han sostenido una verdadera lucha para mantener sus demandas ante tantos gobiernos, cuyas respuestas han ido desde la promesa de una “justicia en la medida de lo posible” al desaire de no ser ni siquiera recibidos por el siguiente mandatario en la casa de gobierno. Una guerra por la memoria y la reparación, una guerra contra la indolencia y el olvido. En el áspero trayecto, muchos han sido vencidos por la enfermedad, el dolor y la pena, pero sus seguidores siguen dando la batalla.
Mientras, enfrente, quienes tuvieron responsabilidad en el golpe de estado y en los crímenes atroces -como instigadores, cómplices o perpetradores-, hoy, atrincherados en los partidos de derecha, los mismos que defienden la obra del general, llaman a “dar vuelta la hoja” y a “dejar atrás las heridas del pasado”, y de paso borrar la marca de su ignominia con el pretexto de que debemos reconciliarnos como hermanos. Esto, perdonen la ironía, con el noble y patriótico propósito de que el país enfrente unido los desafíos del futuro y avance por la senda del progreso. Así, pasando por la relativización de los hechos luctuosos, llegan hasta el más duro negacionismo, expresando su extrañeza ante el hecho de que después de tantos años todavía no se cambie de tema y haya quienes sigan hurgando en el pasado. Sin embargo, han ido más allá, como por ejemplo rechazando en el Parlamento el presupuesto del Museo de la Memoria[1]. Incluso, algunos voceros de la extrema derecha alaban públicamente en declaraciones a los medios de comunicación las “bondades” del régimen dictatorial en lo económico[2] y que respecto, de las violaciones de DDHH “pasaron cosas” o que los violadores de derechos humanos serían buenas personas. Esto último, dicho por el principal líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, excandidato presidencial y fundador del Partido Republicano. En un nota El Mostrador en su edición del 09 de noviembre de 2017 publicó lo siguiente:
José Antonio Kast: «Conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él». Dijo que pudo conversar en Punta Peuco con el militar condenado por múltiples violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y sobre este último, dijo que: si «estuviera vivo, votaría por mí».
Para el candidato presidencial independiente José Antonio Kast, los múltiples delitos de lesa humanidad por los que está condenado el brigadier (r) del Ejército Miguel Krassnoff Marchenko, corresponden a «cosas que se dicen de él».[3]
En tanto Radio Cooperativa ahondó en estos aspectos en su edición de fecha 16 de diciembre de 2021:
El abogado Raúl Meza, quien representa a varios de los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), confirmó en televisión que el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, ha visitado en prisión al brigadier (r) del Ejército Miguel Krassnoff, uno de los militares con más condenas en Chile, y que, además, “ha gestionado, personalmente, indultos” en favor de presos por delitos de lesa humanidad ante el Gobierno saliente de Sebastián Piñera.
Y nuestros gobernantes, incómodos ante tanta demanda de verdad y justicia aún insatisfecha, y, más por deber que por convicción, con semblante compungido, emiten discursos en que repiten frases hechas que ya perdieron su significado, poniendo énfasis en el “Nunca más”, que a esta altura no es más que una expresión desiderativa, que probablemente se estrelle con la dura realidad. A renglón seguido, declaran su compromiso con los Derechos Humanos y concluyen repitiendo la invitación a todos los chilenos y chilenas a superar los traumas del pasado para conformar un país unido en el que todos tengamos. En realidad, los hechos así lo demuestran, están más preocupados de tergiversar la historia y acomodarla a sus intereses. A modo de ejemplo, puede mencionarse la instalación de un monumento a Patricio Aylwin frente a La Moneda. Todos aplaudieron y la noticia fue difundida por todos los medios, sin mencionar el pasado golpista de “Don Patricio”.
Una de las instituciones que ha sido duramente criticada es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Durante la gestión de Sergio Micco, cercano a la Democracia Cristiana, el organismo ha sido acusado de no cumplir con sus deberes. Víctor Chanfreau, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) señaló que:
“hemos denunciado que esta institución no se ha hecho cargo de su rol y ha sido un cómplice pasivo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos lideradas desde el Gobierno (de Sebastián Piñera) (…) y Sergio Micco (…) ha actuado bajo la misma línea de impunidad que el Gobierno, convirtiéndolo en cómplice directo y saltándose uno de los principios fundamentales de la institución, que es la autonomía, que debería ser la garantía para que realmente se protejan los derechos humanos en este país”.[4]
En la misma línea, Claudio Nash, académico de la Facultad de Derecho y Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, aseguró que, bajo la dirección de Micco, el Instituto Nacional de Derechos Humanos perdió la legitimidad que lo caracterizaba como una institución que protegía de manera efectiva los derechos humanos. En esa línea, reconoció que su gestión “ha sido lamentable” y explicó que existen tres factores que reflejarían esta situación:
“La primera es la pérdida de legitimidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos como un órgano de control de la actividad del Estado. Segundo, un quiebre al interior del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos y, tercero, un quiebre entre la dirección y los funcionarios”.[5]
Ante la política aquiescente con la derecha negacionista hay que manifestar el más enérgico rechazo y la voluntad de lucha por la memoria, la justicia y la verdad. A cincuenta años del golpe de Estado, no queremos un acto conmemorativo que considere delitos de lesa humanidad como algo del pasado que en el presente carece de relevancia, como una conmemoración de algo que está concluido -como la transición- según algunos defensores del dar vuelta la página. Y entonces, concluido el acto oficial, será hasta el próximo año.
Los partidarios del olvido agregan que las nuevas generaciones no vivieron esa época por lo que habría que ahorrarles el mal rato hablándole de estos temas y no meter en sus cabezas las querellas del pasado.
Así las cosas, en esta batalla por la memoria, la verdad y la justicia, queremos un acto que incluya el homenaje de respeto a tantas víctimas y también el compromiso con la lucha por el mundo que ellos soñaron y por el cual ofrendaron sus propias vidas llenas de sueños y esperanzas. La historia está viva en los miles de víctimas y exige una reparación total, no en la medida de lo posible. No queremos la caridad que adormece la conciencia; queremos la solidaridad que la despierta. La lucha por resguardar la memoria, que se une a las conquistas del presente y a las esperanzas de un futuro promisorio no es tarea de un día, demanda una vida entera. Toda la vida.
