- SERVIU debe restituir servicios básicos suspendidos en plena pandemia, y que afectaba a unas 2.500 personas
Durante plena dictadura, cientos de pobladores vivieron sobre un cerro de tóxicos que enviaba la empresa sueca Boliden a Chile. Entre 1984 y 1985 se internaron 20.901 toneladas de metales, entre los que el
plomo y el cadmio tenía gran presencia. Llegó la democracia y no hubo cambio alguno. Hoy los pobladores apelarán a un fallo de la justicia sueca, que no reconoce la existencia de pruebas que acrediten el daño en su salud. Los habitantes fueron reubicados y esas casas fueron desocupadas, pero el sector sigue existiendo: ahora es una toma de migrantes y chilenos que no quieren salir del reducto contaminado donde se ubicaron kilos de metales pesados. Una historia de nunca acabar.
Alto Tribunal acogió Recurso de Protección presentado por dos dirigentas sociales de “Cerro Chuño”, población afectada desde 1984, por fatal contaminación por polimetales de origen sueco, drama que, 37 años después, aún no se soluciona totalmente.
La abogada de Derechos Humanos, que representa a los y las pobladores, Josefina Prado Tejerina, destacó que se detuvo una medida ejecutada por la empresa Aguas del Altiplano, por instrucción de SERVIU, que es “riesgosa para la salud, afecta la dignidad de las personas y además es inconstitucional”.
La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó este viernes reponer servicios cortados recientemente en sector donde aún habitan unas 2.500 personas, a pesar de que el año 2012 comenzó un programa estatal de erradicación, tras denuncias que llegaron hasta a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y que, incluso, significaron fallos condenatorios de la Corte Suprema en contra de las autoridades del año 2014.
La suspensión de los servicios básicos fue ordenada en enero pasado por el director regional del SERVIU, Fernando Meza, a la empresa Aguas del Altiplano como medida de presión para proseguir con los esfuerzos por erradicar completamente esa área ubicada casi en el centro geográfico de la ciudad de Arica.
Esta situación surge luego que el Ministerio de Vivienda desalojara a los propietarios originales de las viviendas, sin luego demolerlas, como ordenaba la ley y otras familias sin techo se allegaron en las construcciones abandonadas. En el lugar también se refugiaron grupos de migrantes, manteniéndose hasta ahora un enclave de familias vulnerables “que no tienen otra opción que quedarse allí, a pesar de la contaminación, ya que no existe para ellos ninguna alternativa de vivienda. El gobierno los empuja a vivir en la calle o en otro de los numerosos campamentos precarios o ‘tomas’ que han aparecido en los últimos años en Arica”, explicó la abogada de Derechos Humanos Josefina Prado Tejerina, responsable de los recursos presentados ante la Corte de Apelaciones de Arica y Corte Suprema.
TRAGEDIA
“Este es una tragedia que muestra que aún puede añadirse algo peor a la incapacidad de completar un proceso de erradicación financiado y respaldado por una ley especial. Esto sucede a 37 años de que el Estado -a través de la empresa PROMEL- recibiera a cambio de una suma multimillonaria, residuos tóxicos que no fueron tratados y abandonados en medio de la ciudad, y a casi 20 años de promulgarse la Ley de Polimetales para Arica”, remarcó la jurista.
La profesional asesora a la Organización Social y Cultural “Los Peregrinos” y el comité de allegados “Fuerza de Vida” que presiden Juana Araya y Ana Araya, respectivamente, y que agrupan a los actuales residentes de las viviendas desechadas y que exigen a las autoridades medidas más efectivas y humanitarias, que tomen en
cuenta el drama social de los allegados, situación agravada por la pandemia del coronavirus.
COVID-19 Y ESTANQUES
Esta ciudad está en cuarentena por la alta incidencia de casos, pues, hasta el momento, lleva registrados 20.326 contagios y 399 muertes, en una región de 250 mil habitantes.
La única medida paliativa del SERVIU, ante el corte del agua potable y alcantarillado, fue celebrar un convenio con “Caritas Chile” por más de 58 millones de pesos, para dotar de agua a ese sector poblacional a través de estanques, algo que se realizó a medias, provocando aglomeraciones en esa distribución callejera insalubre que
es foco de contagio y que, además, es insuficiente para cubrir las necesidades diarias. “Esto es impresentable en cualquier momento del siglo XXI en Chile, más aún en una emergencia sanitaria mundial”, reflexiona la abogada.
DESALOJO FRUSTRADO
Ante la ocupación poblacional de “Cerro Chuño” las autoridades no han logrado salvar el problema definitivamente, a pesar que el año 2017 el mismo SERVIU intentara un desalojo ejecutivo, lo que fue paralizado luego que se acogiera otro recurso de protección acogido por los tribunales. Posteriormente el servicio de vivienda
activó un Plan de Retiro Voluntario, con diversos incentivos para los vecinos tales como la asignación de subsidios de arriendo de 200 mil pesos por un año, o un bono único de traslado de 600 mil pesos, lo que tampoco ha resultado, debido a que la gran mayoría de la población no puede cumplir con los requisitos impuestos, y que además dichos
incentivos no resuelven el problema del acceso a la vivienda.
MEDIDA DE PRESIÓN
El corte de suministro de agua y alcantarillado, fue una medida de presión de SERVIU para obligar a los/as pobladores a retirarse del sector, rayando en la “autotutela” prohibida en el ordenamiento jurídico chileno.
“El Estado tiene la obligación de reparar el daño causado, responder a las necesidades de vivienda de los sin techo, a través de medidas eficientes y profundas que pongan en primer lugar el respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, considerando además la situación de pandemia global. Sucede que los problemas sociales siempre son complejos y más aún cuando se juntan pobreza, marginalidad, interculturalidad, autoridades con enormes deficiencias y una catástrofe como la pandemia actual”, reflexiona la abogada Josefina Prado Tejerina, al explicar que la erradicación del contaminado “Cerro Chuño” no puede abordarse superficialmente. Para ella, “si no hay una acción estatal eficaz, en que se unan recursos suficientes y decisiones sensatas, tomadas en conjunto con la comunidad, desde un enfoque de derechos humanos, no habrá solución. Sin tratar a nuestros vecinos y vecinas como personas con dignidad, no hay solución justa que sea posible”.
Respecto de la sentencia del máximo tribunal la abogada señaló “El fallo de la Corte Suprema viene a poner las cosas en su sitio. Los servicios del Estado no están por sobre la constitución y los tratados internacionales, por el contrario, legalmente tienen la obligación de proteger los derechos de las personas, no vulnerarlos, cuestión que
este gobierno en particular, parece no entender. Los derechos humanos no son discursos de buena voluntad, son ley en nuestro país” concluyó.
