· Más de 300 indicaciones presentadas ante dicha instancia auguran varios meses de tramitación para un proyecto que ya fue aprobado por el Senado. Han pasado 8 años desde que fuera iniciada su tramitación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Un lento avance espera a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que luego de ser ingresado el 18 de junio de 2014 se encuentra en segundo trámite constitucional, tras ser aprobado en julio de 2019 por el Senado. Hoy se vota en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, luego que fuera revisado por la Comisión de Medio Ambiente, que incorporó cambios que mejoraron la normativa.
El 10 de mayo venció el plazo para presentar indicaciones, llegando hasta esa fecha 309: un total de 293 de los diputados y diputadas; 16 del Ejecutivo. Entre estas últimas, las que excluyen al SBAP de la fiscalización en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y áreas degradadas, ya que tales roles quedarán sujeto a la suscripción de “convenios de encomendación de acciones con otros servicios públicos“.
Hasta el momento ha habido dos jornadas de votación (17 y 31 de mayo), donde se han zanjado 28 de las indicaciones. Y sólo han abordado 3 artículos, los referidos a objeto, principios y definiciones de la ley.
A este ritmo, se calculan en unos 5 los meses de tramitación.
Las votaciones
La primera jornada de votación fue el martes 17 de mayo. Ese día las bancadas de la derecha, a través de los diputados Paula Labra (bancada RN), Benjamín Moreno (bancada Republicana), Harry Jurguensen (bancada Republicana) y Jorge Rathgeb (bancada RN), presentaron propuestas con el fin de acotar el ámbito de aplicación de la normativa sólo a las áreas silvestres protegidas.
Por ejemplo, solicitaron que en artículo que establece el principio de no regresión, solicitaron que éste no se aplicara en general a los “actos administrativos” sino sólo a los “actos administrativos que tengan efecto sobre áreas protegidas del Estado“. Su propuesta fue aprobada.
También, requirieron acotar el principio de participación ciudadana sólo a la aplicación de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y no considerar su ejecución en el marco de otros cuerpos legales. Esta indicación fue rechazada.
Y en principio de jerarquía pidieron establecer que sólo los impactos “significativos” sobre biodiversidad sean obligatoriamente “mitigados, reparados y, en último término, compensados“. Este artículo no se votó ya que la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas señaló que esto sería mejor analizarlo en los artículos relacionados con las compensaciones.
En tanto, los diputados Emilia Nuyado (bancada PS) y Daniel Manouchehri (bancada PS) presentaron propuestas para ampliar los principios establecidos en el proyecto (equidad social; universalidad; resguardo de participación indígena; autonomía indígena), todas las cuales fueron declaradas inadmisibles. Además, el diputado René Alinco (bancada PPD) planteó indicaciones para ampliar el ámbito de acción a aspectos como “el cuidado, conservación, recuperación, preservación y manejo del bosque nativo, los ecosistemas amenazados y degradados y los humedales“, lo cual fue rechazado por considerarse que excedía el ámbito de aplicación de la normativa.
Durante la jornada del 31 de mayo, en tanto, la derecha intentó, infructuosamente, eliminar del proyecto las figuras de “corredores biológicos” y “paisajes de conservación“. Los primeros están asociados a los objetivos del servicio, como lo es “integrar y conectar los procesos ecológicos que se producen en el país a través de corredores biológicos, zonas de amortiguación y otros instrumentos de conservación“. Los segundos pueden ser declarados por los municipios, individual o asociativamente, como parte de los instrumentos para la conservación de ecosistemas, y que por lo demás ya han sido utilizados en el país por lo cual su incorporación reconoce una figura vigente.
Uno de los temas relevantes que se verá en la próxima sesión de la comisión, este martes 7 de junio a partir de las 14:45 hrs., serán las zonas de amortiguación, que son definidas como “espacio ubicado en torno a un área protegida, donde el uso es parcialmente restringido, destinado a absorber potenciales impactos negativos y fomentar efectos positivos de actividades para la conservación de tal área“. Los diputados Labra, Jurgensen, Moreno y Rathgeb plantean eliminar el concepto.
En este sentido, la Comisión de Medio Ambiente elevó el estándar del servicio, en sintonía con los derechos y defensoría de la naturaleza establecidos en el borrador de la nueva Constitución. La idea es que en esta discusión se eleve aún más el rango de acción del organismo, no que se reduzca.
