Veinticuatro presos de Guantánamo se encuentran desde hace seis semanas en huelga de hambre por razones que varían dependiendo de quien de la versión. Según el general John Kelly, jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, los presos se sienten “frustrados” por el fracaso de la Administración norteamericana para cerrar el campo de detención. Sin embargo, la semana pasada, un grupo de 50 abogados que representan a los prisioneros enviaron una carta al secretario de Defensa, Chuck Hagel, en la que le pedían que tomara medidas para acabar con la huelga de hambre que comenzó el pasado 6 de febrero, después de que los presos se quejaran de que se les había confiscado fotos y correspondencia al registrar sus celdas y que durante esos registros los soldados dieron un trato irrespetuoso a sus copias del Corán.
El general Kelly ha calificado esas acusaciones de “tonterías” e insiste en que la huelga se debe al cansancio y la frustración por sentirse abandonados. “El Corán no ha sido maltratado o abusado de ninguna manera”, declaró esta semana el general ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en Washington. El militar añadió que tan solo los intérpretes, que son musulmanes, tocan los Coranes y que él es muy consciente –tras tres destinos en Irak- de lo sagrado que es el libro para los creyentes.
No es la primera vez que se da una huelga de hambre en Guantánamo desde que se concibió en enero de 2002 para alejar de las leyes norteamericanas a los combatientes enemigos capturados en la guerra contra el terrorismo de la Administración George W. Bush tras el 11-S. En septiembre de 2005, al menos 200 detenidos de la base militar estadounidense en Cuba iniciaron ese tipo de huelga, lo que en su momento representó más de la tercera parte del total de los reclusos.
En la actualidad, la prisión tiene 166 reos, la mayoría de los cuales llevan encerrados sin cargos desde que se creó el centro de detención –más de 11 años- y la mitad de ellos tienen el visto bueno de las autoridades militares para ser transferidos o liberados. Dentro del laberinto kafkiano que es el agujero negro de Guantánamo, una vuelta de tuerca más se da en el hecho de que la gran mayoría de los presos que podrían ser libres mañana son ciudadanos de Yemen y Washington no quiere enviarlos a su país de origen debido a la inestabilidad de esa nación.
Los abogados de los presos que participan en la huelga de hambre han dejado saber que la salud de sus clientes se está deteriorando de forma alarmante y que algunos de ellos han perdido entre 10 y 15 kilos. Tanto es así, que los médicos de la cárcel están obligando a esos reclusos a ingerir líquidos insertándoles tubos a través de la nariz y la laringe. Dos de los reos en huelgas presentaban serios cuadros de deshidratación, apuntó Robert Duran, portavoz del centro de detención.
El general Kelly, que asumió su cargo el pasado noviembre, insiste en la teoría de la frustración y dice que los prisioneros “comen algo, aunque no mucho”. El militar también apunta a que es muy difícil saber qué preso se alimenta y cual no ya que hacen sus almuerzos de forma comunal, lo que complica saber quién no ha tomado nueve comidas consecutivas, lo que define una huelga de hambre en Guantánamo. Kelly apuntó a que, a veces, esos presos toman tentempiés en sus celdas.
“Creo que quieren remover el avispero”, dijo Kelly, “que los medios sepan de su situación”. En su opinión, el anuncio en 2009 de Barack Obama nada más asumir la presidencia de que iba a cerrar Guantánamo en el plazo de un año les hizo concebir esperanzas. Pero el Congreso bloqueó los esfuerzos para el cierre y ha hecho imposible la reubicación de los presos en cárceles norteamericanas. Tras su reelección, Obama no hizo mención de Guantánamo ni es su discurso inaugural de enero ni en el del estado de la Unión en febrero, que fue visto por algunos presos por televisión. Además, en enero, la oficina del Departamento de Estado encargada de la reubicación de los presos de Guantánamo fue cerrada.
Mantener abierto el centro de detención de Guantánamo cuesta cada año 114 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 690.000 dólares por preso, según datos oficiales. Eso representa unas 20 veces más de lo que la Oficina de Prisiones de Estados Unidos gasta por preso en sus cárceles de máxima seguridad.
