Por Esteban Vilchez Celis
Hemos llegado a un punto de inflexión en el que la civilidad debe retirar definitivamente su confianza en Carabineros de Chile, iniciando el camino de su desmantelamiento y reemplazo por una nueva policía comprometida con valores éticos mínimos y con los derechos humanos. El último informe acerca de su sumario administrativo, que pretende que Gustavo Gática habría sido herido por otros manifestantes y no por funcionarios de carabineros, es sólo la última de muchas mentiras y actuaciones que insultan la inteligencia. Pero ya cruza el límite de lo tolerable. Se nos ha hecho costumbre ver a los directores generales de Carabineros enfrentar formalizaciones y acusaciones de todo tipo, particularmente a propósito de la actuación de Carabineros en relación con los derechos humanos, demostración cabal de que este es un problema institucional y no de casos aislados.
Un poco de historia, para nuestras frágiles memorias, no está demás.
El denominado pacogate se refiere a un colosal desfalco que se habría extendido entre los años 2006 y 2017. Estamos hablando de 11 años cometiendo este delito, con 137 formalizaciones, entre ellas la del exdirector general Sr. Eduardo Gordon. ¿El monto? Se acerca a los 30.000 millones de pesos. Esto es ya un problema de la institución y su funcionamiento, particularmente si su director general está involucrado.
Veamos otros casos, aún más graves desde que sus víctimas directas son personas.
En septiembre de 2017, en el marco de la denominada Operación Huracán, se detuvo a 8 comuneros mapuches, acusados de incendios terroristas, incluyendo al conocido dirigente Héctor Llaitul Carrillanca. Ya en enero de 2018, el Ministerio Público descubrió que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros (UIOE) había manipulado pruebas para inculpar a los detenidos. A esa fecha, era Bruno Villalobos el Director General de Carabineros, luego formalizado por este tema. Todavía pueden leerse los chats en que se advierte su directa intervención en el montaje (https://bit.ly/2Xpn5BD); además, fue formalizado por el ministro Carroza como cómplice en la tortura y asesinato en 1985 del estudiante Patricio Manzano. ¿Y no había nadie mejor?
Las pruebas usadas en contra de los detenidos se referían en especialmente a mensajes de texto a través de la plataforma de Whatssap, que daban cuenta de su supuesta coordinación para cometer atentados terroristas. Se determinó que se trataba de mensajes falsos implantados en los celulares de los detenidos; con la falta de pulcritud habitual, no repararon en que algunos de esos mensajes aparecían enviados después de la incautación de los teléfonos y las detenciones de los acusados. En esta manipulación de pruebas también habría incurrido la DIPOLCAR.
De nuevo, no se trata de conductas aisladas, sino de una actividad coordinada de muchos sujetos empleando los recursos y la infraestructura institucional. Se contrató al patético personaje conocido como “el profesor” Alex Smith, se compraron softwares, se implantaron mensajes falsos. Todo esto no lo hace uno, dos ni tres sujetos locos, sino una institución que orienta sus recursos – los que le damos todos nosotros – para cometer delitos e inventar otros en lugar de investigar los verdaderos.
¿Otro caso para refrescar la memoria y observar la compulsión por mentir de esta institución? ¿Qué tal el caso de un asesinato mediante un disparo por la espalda de un civil desarmado? Su nombre era Camilo Catrillanca Marín. Tenía 24 años de edad, una hija de sólo 4 y una mujer embarazada. Estaba desarmado y fue asesinado por un carabinero perteneciente al Grupo de Operaciones Especiales, que le disparó sin provocación alguna, un 14 de noviembre de 2018, en Temucuicui.
La primera versión de Carabineros fue que Catrillanca había participado en el robo de unos vehículos a unas profesoras y que su muerte se había producido en un enfrentamiento cuando era perseguido por las fuerzas policiales. Era mentira. El intendente de la época, Luis Mayol, salió a apoyar la tesis, señalando que Catrillanca tenía antecedentes penales. También lo hizo el entonces ministro del interior, Andrés Chadwick, personero que tenía la tendencia a decir cosas que no habían ocurrido. La realidad y él no se llevaban bien. Después de que la diputada Pamela Jiles demostrara con documentos que no existían tales antecedentes penales, Chadwick dijo que tal vez no tenía antecedentes penales, pero sí “policiales”, en una penosa aclaración que no aclaró nada. En todo caso, para el ministro del Interior, posteriormente destituido por una acusación constitucional por su actuación durante el estallido social, habría un episodio mucho más bochornoso en el futuro.
El 17 de noviembre de 2018, Carabineros señaló que no tenían grabaciones de lo ocurrido. Al día siguiente, sin embargo, el Gobierno señaló que sí existían grabaciones, pero que habían sido destruidas por Carabineros. Sí, “destruidas por Carabineros”. Posteriormente, y ya cercado por las evidencias, el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, otro que tenía dificultades con la realidad, terminó por reconocer que era “probable” que la muerte de Camilo Catrillanca fuese, en realidad, un homicidio.
En una modalidad que ya se nos hace conocida, el entonces Director General de Carabineros, Hermes Soto, señaló que no se podía afirmar si la bala que provocó la muerte del comunero provino de personal de su institución. Después, Soto sería formalizado por este caso (ver en https://bit.ly/3cdW3kX). La autopsia al cuerpo del joven, sin embargo, demostró que la bala correspondía un tipo de munición conocida como “encamisado de plomo”, que es el empleado por Carabineros. Pero aun había más.
El carabinero Carlos Alarcón, uno de los formalizados reconoció que no recibieron disparos y que tanto Catrillanca como el adolescente M.A.C.P. que lo acompañaba estaban desarmados. Dijo que se les instruyó mentir, lo que fue corroborado por el ex sargento Patricio Sepúlveda (hhtps://bit.ly/3cdW3kX).
El 19 de diciembre de 2018 se hizo público un video grabado por el propio Sepúlveda, que muestra los últimos momentos de la vida de Camilo Catrillanca. Ahí las mentiras sostenidas durante tanto tiempo quedan vergonzosamente expuestas: el disparo provino de Carabineros y se efectuó por la espalda en contra de dos jóvenes civiles y desarmados. Posteriormente aparecerían otros tres videos que zanjaron cualquier posible discusión al respecto.
Fueron los días en que el senador Felipe Kast le aseguró al periodista Fernando Paulsen, en una entrevista radial, haber visto un video en que se apreciaban los resultados del intercambio de disparos entre Carabineros y Catrillanca. (https://bit.ly/2VfWOTC). Tuvo que disculparse públicamente y en su cuenta de Twitter, el 20 de diciembre de 2018, señaló que había sido engañado y que nunca habría imaginado un “encubrimiento y noticias falsas de esta naturaleza”. Pero en Chile se puede mentir o reproducir mentiras de manera irresponsable sin consecuencias de ninguna clase. Una disculpa por twitter y sería.
El general Mauro Victtoriano fue el primer alto oficial que llegó al lugar del asesinato. Declaró ante el Ministerio Público que en conversación telefónica le informó a Chadwick, desde el primer minuto, que no hubo enfrentamiento y que Catrillanca estaba desarmado. Luego, sin ruborizarse, el ministro señalaría que había mucha interferencia telefónica y que no se escuchaba bien, concluyendo con una frase notable: “Me pudo haber dicho lo que señala, pero no fue recibido adecuadamente” (https://bit.ly/2x8Q16h). Es parecido a “No es cierto. Y si es cierto, no me acuerdo” … ¿Acaso no hablaron después? ¿Acaso un ministro del interior, en un caso tan delicado, no habría insistido en aclarar una comunicación telefónica confusa? Aunque debió haber sido destituido entonces, al menos lo fue después, para el bien del país; pero, por este episodio, no asumió responsabilidad alguna. Recordemos que nuestros parlamentarios ni siquiera fueron capaces de aprobar una comisión investigadora, en otro acto innoble.
Por si no fuera suficiente, desde el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, Carabineros de Chile ha violado reiteradamente los derechos humanos de los manifestantes, según evaluación unánime de diversas organizaciones vinculadas a los derechos humanos, tales como Human Right Watch, Amnistía Intrnacional o la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por supuesto, Carabineros dice que no violan los derechos humanos. Pero eso es como creer en la libertad de prensa en China, el pluralismo en Cuba o en la inexistencia de la tortura durante Pinochet.
¿Y ahora? El sumario administrativo de Carabineros sobre las lesiones sufridas por Gustavo Gatica – que lo dejaron ciego – concluye que no hay antecedentes de que ellas fuesen consecuencia de la actuación del disparo de alguno de sus funcionarios. Todavía más, señala que tal vez se debieron a la acción de otros manifestantes. Eludir la responsabilidad propia y calumniar… el honor de los uniformados, ¿no?. Por supuesto, ya canal 13 exhibió los primeros videos que, de nuevo, demuestran que Carabineros, sencillamente, miente.
Lo de Carabineros no es un problema de unos cuantos corruptos. Es un problema institucional. Soto, Villalobos, Gordon, todos directores generales, todos formalizados. Defraudaciones por años a escala sideral con más de 100 involucrados; montajes que requieren organización de muchos y uso de recursos humanos y materiales de la institución; violación a los derechos humanos que revelan una concepción ética pobrísima; enormes contingentes de carabineros con problemas mentales serios, expresados en su violencia homicida, la ausencia de control de impulsos, su falta de empatía y probables rasgos sicopáticos; todo esto demuestra que es la institución, como tal, la que debe ser examinada. Los chilenos y chilenas tenemos el derecho a desmantelarla y construir algo nuevo, que responsa a la confianza que se les entregue. Carabineros ya la perdió, y para siempre. El vergonzoso y horrible papel que jugaron durante la dictadura lo han prolongado en democracia. Solo que ahora podemos y debemos poner fin a esto.
Tras la nueva Constitución, Carabineros de Chile no debe tener espacio, espero, en un Chile que responda a un Estado democrático de derecho. Chile merece una nueva policía compuesta por hombres y mujeres que respeten los derechos humanos y lo más básico de la ética humana: no robar, no matar, no mentir. Se lo merecen, incluso, quienes ingresaron a Carabineros con un deseo auténtico de servir y ahora sufren el estigma de ser parte de una institución ampliamente despreciada. Se lo merecen los funcionarios decentes y correctos que están dentro de esa institución y que tienen derecho a pertenecer a una policía de la que se sientan orgullosos ellos y los chilenos.
Se terminó la paciencia. Que los votos decidan, y pronto.
