¿Qué tan justa es nuestra justicia?

[et_pb_section bb_built=»1″][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text] Por Nancy Guzmán J.

La verdad es que la historia no la exonera de ser un poder creado y usado para defender a un sector de nuestra población: los poderosos. Pero de algún modo llegamos a creer que algo había cambiado en su interior al ser acusada de complicidad con el genocidio por no acoger los recursos de amparo, por no investigar las denuncias recibidas por el propio Presidente de la Corte Suprema en Cuatro Álamos el año 1976 y por no ejercer sus funciones durante 17 años; cuando el ministro Juan Guzmán, de la Corte de Apelaciones de Santiago pide el desafuero del ex dictador y coordinador del genocidio y luego decide someterlo a proceso como autor de 57 homicidios y 18 secuestros (caso Caravana de la Muerte). Si bien la alegría fue la catarsis para millones, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones nos quitó nuevamente la confianza depositada transitoriamente en la Justicia, sobreseyendo en forma inapelable al criminal por «razones de salud».
La sexta Sala la componían Hugo Dometsch, Amanda Valdovinos y Cornelio Villarroel.
Sin amilanarse, varios jueces siguieron tratando de hacer justicia, no sin llamados telefónicos desde el ministerio de Justicia, del ministerio del Interior, etc. Más de alguno dijo (a quien escribe), antes de fallar hay que mirar hacia La Moneda.
A pesar de ello, el ministro Alejandro Solís decidió que era hora de la justicia y en 2003 rompió los pactos y acuerdos de la transición al condenar a Manuel Contreras, por la desaparición del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, ocurrida el 7 de enero de 1975. Habían pasado 27 años desde su secuestro y paso por Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, nombre en la nomenclatura militar, donde fue visto en muy malas condiciones físicas producto de las torturas. Ese fallo parecía poner fin a la impunidad y a la complicidad del Poder Judicial; al menos era reconocido el sacrificio resistente de Miguel Ángel al brutal genocidio, que no pararía hasta 1989.
Aunque no fue fácil el fallo de la Corte Suprema, gracias a la teoría de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, coincidente con la defensa de los genocidas; finalmente hubo condena para Contreras, Krassnoff, Morén, Laureani y Gerardo Godoy.
Pero el paso del tiempo nos demuestra que casi nada ha cambiado, solo un leve maquillaje de la justicia, con sus condenas mínimas, tardías y sin complicarse con investigaciones exhaustivas.
Hoy, nuevamente la balanza de la ciega justicia se inclina hacia el lado que siempre ha estado. El ministro Carroza insiste en traer a Galvarino Apablaza mientras que Adriana Rivas, alias «la Chani» sigue tranquila en Australia gracias a un «descuido» de la Justicia y de Interpol, que le permitió escapar en momentos que se encontraba procesada y en libertad, ventaja que tienen los genocidas en nuestro país y que gracias a ella hay ocho criminales prófugos, entre ellos el criminal peligroso Ricardo Lawrence Mires, cuya hija con la genocida Rosa Humilde Ramos es funcionaria del ministerio de Cultura y se comunica con el prófugo.
Pero a la derecha, parece que el atentado con resultado de muerte de Jaime Guzmán, golpista, cómplice de genocidio y artífice de la Constitución de la democracia protegida es más importante que los miles de muertos que se han ignorado. Le parece más aberrante que las ejecuciones con corvo, donde a los detenidos ya condenados, se les sacó los ojos con corvo, se les sacó la nariz con corvo, se les abrió el vientre con corvo y finalmente se les dio tantos tiros que los cuerpos quedaron convertidos en una masa informe. Les parece más condenable que la ejecución de un niño tras haberlo sometido a aberrantes torturas y su cuerpo enterrado en un escampado. Le parece más insoportable que la desaparición de una mujer mayor a quien arrastraron por los pelos y torturaron solo por encontrarle un mensaje entre los cosméticos que llevaba a su hija en Tres Álamos. Les parece más horroroso que los ejecutados de Lota (a quien nadie recuerda, excepto sus familiares), los asesinados de Curacaví, los de La Pincoya, los de Arica, los explosionados, los que asesinaron y montaron un enfrentamientos para justificar los crímenes y los crímenes de todos los olvidados que no han tenido juicio.
No estoy aplicando la teoría de empate, porque no hay empate posible. No me gustaría que Apablaza y Rivas o Lawrence fueran puestos en la misma balanza, porque es injusto.
Creo que lo único justo es la prescripción de todas causas que afectan a quienes en virtud de resistir a una dictadura injusta o creyendo que con una acción podían detener la acción sediciosa de la derecha tomaron las armas. No más chilenos que paguen con extrañamiento de por vida su resistencia a la dictadura. No más chilenos que vivan prófugos por sus acciones contra genocidas.
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