Por María Angélica Hernández Mardones

            Las protestas antirracistas en los Estados Unidos, iniciadas a raíz de la muerte de George Floyd, en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo pasado, como consecuencia de la brutalidad policial, se expandieron tan acelerada y globalmente por el mundo como la pandemia del coronavirus. Esa dinámica de difusión y proyección mundial que, en apariencia podría adjudicarse, al menos en parte, al resultado de la globalización de la información y a la dinámica de las redes sociales, conforma sin embargo uno de los muchos signos que la pandemia ha dejado entrever y que diversos analistas subrayan como una expresión del fracaso definitivo del proyecto neoliberal en diferentes puntos del planeta. En tal perspectiva, el recrudecimiento del racismo y de la violencia policial constituyen sólo algunos de los aspectos más resaltantes de la “muerte anunciada”, desde hace décadas, de un proyecto cuya derrota ya es imposible de ocultar y, que, en el caso de Estados Unidos, ha contribuido a dejar entrever las fisuras de una hegemonía que comienza a diluirse frente a la avanzada económica liderada por China en el panorama internacional:

                       “El capitalismo mundial depende cada vez más de China y China depende cada vez más del capitalismo mundial; en perspectiva histórica, el capitalismo dependerá más de China que ésta del capitalismo.        

La producción de la economía china en la producción mundial (13.2% en 2004, basada en la paridad del poder de compra) equivale a 63% de la producción de Estados Unidos en la producción mundial (20.9%), es mayor al producto de Alemania, Francia, Italia y España, que suman 12.0% de la producción mundial, y casi dobla la de Japón, que es de 6.9%.

                       …

China posee la segunda reserva internacional de moneda estadunidense más grande del mundo. . .es uno de los principales inversores financieros en el mundo y particularmente en Estados Unidos”. (Caputo Leiva, 26-27).

            Con la tasa de desempleo más alta registrada desde 1939, —según cifras oficiales se trata de un 13,3% que comprende alrededor de 20 millones de personas, aunque fuentes no oficiales apuntan a un promedio de 40 millones de desempleados—, con más de ciento ochenta mil muertos por la pandemia, con un nivel de pobreza que afecta a alrededor de 40 millones de personas, y con una recesión económica tan —o más— crítica que la de 1929, el “sueño americano” pareciera comenzar a transformarse en una verdadera pesadilla, encontrando en la administración de Donald Trump una de sus más depuradas expresiones. En el eslogan de su campaña presidencial en 2016, “Vamos a hacer grande a América otra vez” (“Let’s Make America Great Again”), Trump reconocía, implícita e indirectamente,  el resquebrajamiento de los Estados Unidos como potencia mundial, situación incluso ratificada por el informe de una investigación del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de la Defensa, presentado en el verano del 2017, en el que se lamenta “la emergencia de un mundo en el que los Estados Unidos no controlan más los eventos” (Freier, 47).

Los orígenes

            Diversos analistas coinciden en señalar que los orígenes de ese deterioro pueden trazarse hacia fines de la década de 1960, con la expansión del proceso de globalización acaecido a raíz del desarrollo tecnológico de las comunicaciones y de la informática, entre otros. En ese mismo período marcado por la desindustrialización, Estados Unidos comienza a implementar en su política interna el proyecto neoliberal que tenía —y continúa teniendo— como objetivo fundamental la reducción del gasto social, la privatización —y la desnacionalización, en algunos casos— de empresas, servicios y recursos naturales, todos aspectos que comenzaron a traducirse en un paulatino, aunque considerable y masivo, menoscabo de los beneficios y programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables, entre ellos la población afroamericana. En países como Chile, por ejemplo, el economista Orlando Caputo Leiva advierte que un caso “emblemático” de la desnacionalización ha sido la industria del cobre, nacionalizada durante el gobierno de Salvador Allende, y de cuya producción casi el 70% es controlada actualmente por empresas extranjeras (Caputo Leiva, 29).

            El programa neoliberal también ha tenido entre sus objetivos la militarización de la policía así como el desmantelamiento y/o infiltración de diversos movimientos sociales y de derechos civiles, en particular de aquellos nutridos en los fundamentos teóricos del marxismo y, por lo tanto, considerados peligrosos para el establishment, como algunas organizaciones representantes del Poder Negro (Black Power), entre ellas Pantera Negra (The Black Panther Party for Self Defense), creada en 1966, y NAACP (National Association for the Advancement of Colored People: Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color) creada en 1909, entre muchos otros. De esa manera se le daba continuidad a una política que se había implementado desde los años de la segunda posguerra mundial con la desarticulación de los movimientos sindicales y que volvió a adquirir una inusitada fuerza a fines de la década de los cincuenta, a través de la cruzada anticomunista impulsada por el macartismo, en el marco de la guerra fría. El proceso inicial de militarización de la policía en los Estados Unidos se materializa a fines de los años 60, con la creación de SWAT (Armas y Tácticas Especiales), en los Ángeles, que tuvo una activa participación en una serie de asaltos contra grupos como Pantera Negra y el Ejército de Liberación Simbionés —éste último considerado una guerrilla urbana de corte socialista, creada en 1973. Durante la década de los 80 la lucha contra el narcotráfico le proveyó a SWAT y a otros cuerpos policiales, la posibilidad de especializarse aún más en el uso de armas y tácticas militarizadas, aspecto que, finalmente, terminaría por difuminar la clara separación entre el policía y el soldado. En 1966, bajo la administración de Bill Clinton (1993-2001), la militarización policial se formalizó a través del Programa 1033, que autoriza al Departamento de Defensa la transferencia de equipos sobrantes —computadoras, armas, uniformes, tanques y helicópteros, entre otros muchos materiales— a las agencias federales, estatales y locales de seguridad. Pero la consolidación definitiva de ese proceso de militarización surge con la formación del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), en el 2002, a raíz de los sucesos del 11 de septiembre del 2001, organismo que unificó  diversas agencias, como aduanas e inmigración, con el objetivo de coordinar y fortalecer la lucha contra el terrorismo. (Balko)

            No es una simple coincidencia que, en aquellas sociedades gobernadas bajo la impronta neoliberal, el proceso de precarización y de deterioro social sea paralelo al de la militarización de los cuerpos de seguridad del estado. Se trata de políticas planificadas con antelación que prevén la contención del descontento: “…el carácter del neoliberalismo… necesita para ser implementado, un estado que sea no sólo capaz de intervenir directamente en la economía sin reparos. También necesita un fuerte aparato estatal que controle y reprima, primero el sufrimiento y, después, las protestas y disturbios que inevitablemente surgirán cuando la derecha de la desigualdad es aumentada y la base industrial (producción material) es destruida (Micocci, 36).

            Durante décadas, muchos de los logros obtenidos en Estados Unidos  por las agrupaciones de afroamericanos en su lucha por la desegregación fueron desestabilizados por nuevas acometidas racistas que, a simple vista incluso, parecían estar impregnadas de una aparente “tradición democrática”, como sucede con el “daltonismo”. Tomado del término oftalmológico —en inglés “color blindness”, literalmente “ceguera de colores”—, el daltonismo se configuró en una estrategia que, como expresión de una supuesta igualdad, o de la aceptación de la multiculturalidad, intentaba no llamar la atención sobre las diferencias raciales entre los ciudadanos estadounidenses. En sus orígenes, en las décadas de los 60, constituyó una forma de luchar contra la discriminación racial, pero paulatinamente se transformó en una ideología contraproducente: “Si una de las demandas centrales del movimiento por los derechos civiles en los sesenta fue la intervención federal contra la discriminación y a favor de una acción afirmativa que mejorara la calidad de vida de los afroamericanos, la promoción de Estados Unidos como daltónico o posracial ha hecho exactamente todo lo contrario, siendo utilizada como justificativo para desmantelar la capacidad del estado de enfrentar la discriminación” (Taylor, 26). El nuevo discurso hegemónico en torno a una sociedad “daltoniana”, que se propagó en la segunda mitad del siglo XX, ha tenido diversas y complejas consecuencias. Por una parte, contribuyó a la formación de una élite política afroamericana en la que los movimientos sociales depositaron, al menos inicialmente, su confianza para confrontar diversos problemas, tales como la discriminación racial y las desigualdades. Asimismo, esa élite era percibida como un ejemplo de la posibilidad de ascenso social de la población afroamericana, subrayando implícitamente con ello el valor de la “meritocracia” y entregándole así la responsabilidad del “éxito” a cada individuo, exonerando indirectamente al Estado de todo compromiso u obligación. Por otra parte, también coadyuvó a fortalecer la ceguera de la Federación y de los estados frente a la brutalidad policial ejercida, cada vez con más violencia, en contra no sólo de los afroamericanos, sino también de otras minorías como los hispanos. Además, como destaca Keeanga-Yamahtta Taylor, esa estrategia que niega el racismo se ha convertido en un arma política que ha servido para “dividir a aquellos que tienen un interés en unirse para exigir al estado y al capital recursos para llevar una vida decente” (137). Se trata de la implícita institucionalización del racismo, práctica que, según apunta el economista y profesor de Harvard, Alberto Alsina, constituye una de las principales causas de la ausencia de un sólido sistema de beneficios sociales en los Estados Unidos, a diferencia de los países europeos (Smith).

            Si bien la dinámica del bipartidismo y de la alternancia en el poder ha contribuido a debilitar el impacto de las medidas impuestas por los conservadores, es indudable que muchas de éstas últimas han terminado por predominar, especialmente cuando sus presidentes han gobernado por dos períodos seguidos, como en el caso de Ronald Reagan (1981-1989). Bajo su mandato —conocido como “revolución conservadora” —el sistema de beneficios sociales sufrió una de las más duras embestidas de su historia. Más de un millón de personas perdieron el acceso a los cupones alimentarios; casi 600.000 niños fueron expulsados de los programas de almuerzo escolar; se redujo el seguro de empleo en un 17%; se eliminaron 300.000 puestos de trabajo de un programa federal de empleo; entre otros muchos recortes. Como consecuencia, los niveles de pobreza aumentaron, especialmente entre los afroamericanos e hispanos (Taylor, 169-170). Esta situación se mantuvo sin cambios significativos durante la gestión del demócrata Jimmy Carter (1977-1981) que se ocupó no sólo de reducir el impuesto a las ganancias, beneficiando a un sector privilegiado, sino también en aumentar el presupuesto militar que alcanzó su máximo nivel histórico para la época: ciento once mil millones de dólares: “A finales de los años ochenta, los demócratas, tambaleándose bajo el peso de la revolución reaganeana, se adaptaron a la cambiante agenda de la derecha” (Taylor, 172-174). Lo mismo ocurrió con un sector de la élite afroamericana que había ingresado en el ámbito político en la década de los setenta y que terminó sumándose a las filas conservadoras, situación que paulatinamente coadyuvó a menoscabar la fortaleza de los movimientos sociales y de derechos civiles, especialmente de aquellas agrupaciones que luchaban en contra de la discriminación racial.

El principio del fin

            El proceso de deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y la pérdida de beneficios sociales de un importante segmento de la población estadounidense, alcanzó uno de sus puntos más álgidos en la primera década del siglo XXI debido, en gran parte, a los sucesos del 11 de septiembre del 2001 que conformaron un importante punto de quiebre en la dinámica de la crisis del país, y contribuyeron a reajustar el programa del gobierno de George Bush (2001-2009), que incurrió en un voluminoso gasto fiscal en su guerra contra el terrorismo:

“…la guerra contra el terrorismo se convirtió en el tema central de su política interna y externa. Ello quedó plasmado en la National Security Strategy de 2002 [Estrategia de Seguridad Nacional], cuyos planteamientos repercutieron no solo en la creación del poderoso Departamento de Seguridad Nacional, sino también en la definición de una política exterior caracterizada por la búsqueda del reposicionamiento de su país a través de un fuerte unilateralismo, un mínimo de cooperación y la dominación en ciertos asuntos internacionales. Bush y sus «halcones» proyectaron a Estados Unidos como el único actor capaz de defender ortodoxamente el mercado, conservar la libertad y combatir al «eje del mal».Esta dura política neoconservadora de inicios del siglo XXI fue insostenible para el país hegemónico pues abultó los costos económicos, políticos y sociales al punto de disipar todo su liderazgo”. (Morales Ruvalcaba).

            La cruzada del gobierno de Bush coadyuvó a fortalecer el ya institucionalizado racismo, esta vez dirigido hacia los musulmanes, tanto a través de la política exterior estadounidense en las guerras contra Afganistán e Irak, como en su política interior con la ley patriótica del 2001—combatir el terrorismo interno— y la creación de un centro de detención en la base naval en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, en el 2002, destinado a mantener allí a los acusados de vinculación con el terrorismo. Desde sus inicios ese centro se asentó sobre pilares inconstitucionales porque su ubicación fuera de las fronteras territoriales del país, tenía como objetivo evadir la intervención y jurisdicción de las cortes federales y evitar la representación legal de los detenidos, aspecto que facilitó la implementación de torturas y de diversas violaciones a los derechos humanos, tal como lo documentan amplia y detalladamente los informes de diversas organizaciones internacionales de defensa de los derechos civiles. En tal perspectiva, algunos analistas, como José Hernández Martínez, señalan que la lucha contra el terrorismo vino a ocupar el “eje articulador de la política exterior”, de los Estados Unidos que antes, durante la guerra fría, tuvo al comunismo como su principal enemigo (106). Se trata de diversos aspectos que le otorgan continuidad a la política estadounidense tanto a nivel internacional como nacional: “Las manifestaciones de intransigencia, sentimientos antiinmigrantes, racismo y represión afloran desde entonces como política estatal, articulan un ambiente conspiratorio y presentan a ese país como una “fortaleza sitiada” que debe protegerse de los sentimientos antiestadunidenses” (Hernández Martínez, 110). Esas manifestaciones que se extienden por toda la escala del componente social, incluyendo a un importante sector de los blancos de la periferia, han contribuido, además, a fortalecer a los grupos supremacistas blancos que, desde hace varias décadas han estado infiltrándose en los cuerpos policiales y de seguridad del estado, según diversas investigaciones realizadas por el FBI: “En un informe interno de inteligencia del FBI, de octubre del 2006, la agencia sonó la alarma acerca del interés “histórico” de los grupos supremacistas blancos en infiltrar las comunidades policiales o reclutar personal policial. Este esfuerzo, destacaba el memorándum, puede llevar a filtraciones investigativas y puede poner en peligro la seguridad del personal policial y de sus fuentes” (Speri). Las fuerzas policiales han sido “blancos” fáciles de infiltrar, especialmente por sus ya tradicionales lazos con el supremacismo, así como también debido a la política federal que, desde fines de la década de los años sesenta, se ha consagrado en reforzar el proceso de militarización de esos cuerpos de seguridad, condonando el abierto uso de la violencia en contra de los afroamericanos, de los latinos, y más recientemente de las personas provenientes del Medio Oriente, en especial de los musulmanes, es decir en contra de todos aquellos considerados “marrones”. Un testimonio de ese evidente racismo lo ofrece, por ejemplo, el desempeño del Departamento de Policía de Filadelfia, considerado uno de los más brutales del país, según anota Keeanga-Yamahtta Taylor: “Cuando el Departamento de Justicia condujo una investigación sobre el Departamento de Policía de Philadelphia entre 2007 y 2008 encontró que el 80% de los habitantes de Philadelphia que había recibido disparos provenientes de la policía eran afroamericanos, aún si menos de la mitad de la población es afroamericana” (23). Pero una de las más evidentes expresiones del racismo institucionalizado en los Estados Unidos, ha sido la imposibilidad de lograr la aprobación de una ley antilinchamiento, lucha que se originó en el Congreso en 1918. El linchamiento ha constituido una práctica recurrente de los supremacistas blancos para aterrorizar a la población afroamericana, pero esa práctica no ha desaparecido por completo de la historia contemporánea. De hecho, cada año aparecen cuerpos de personas afroamericanas colgadas “misteriosamente” de los árboles y que la policía cataloga de “suicidios”, como ha ocurrido con varios casos en las recientes semanas. En el 2018 fue presentado ante el Congreso el proyecto de ley Justicia para las víctimas de linchamiento (Justice for Victims of Lynching Act) a fin de considerar el linchamiento como un crimen de odio federal que pueda ser penalizado con la cárcel. La ley todavía no ha podido ser aprobada.

            Otra de las más explícitas expresiones del racismo institucional en los Estados Unidos quedó en evidencia tras el paso del huracán Katrina sobre Nueva Orléans, en el estado de Louisiana, en agosto del 2005, ciudad donde el 60% de la población está compuesta por afroamericanos, en su mayoría viviendo en condiciones de pobreza. La negligencia gubernamental, tanto estatal como federal, para afrontar la catástrofe, así como la falta de una política de mantenimiento de las infraestructuras de esas comunidades contribuyó, en gran parte, a la muerte de alrededor de 1.500 personas, al desplazamiento de más de 10.000 personas, así como a la pérdida de unos $125 billones en daños materiales: “En suma, Katrina provee una oportunidad sin precedentes de comunicar que el “racismo” no es sólo una cuestión de la psicología del odio sino también de la estructura racial de la inclusión y exclusión política” (Gilman).

Piel negra, máscaras blancas: la desilusión

            Con el arribo del demócrata Barack Obama al poder en el 2009, quien además ha sido el primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos, se abrió paso la esperanza entre los sectores más progresistas así como entre muchas minorías, en particular las afroamericanas que, por primera vez, creyeron verse del todo representadas en la figura más importante de la política nacional: “El postulado de que la posición desigual de los negros es un producto de la floja ética laboral y el poco sentido de la autosuficiencia de las comunidades negras ha sido reforzado por la visibilidad de la élite negra, En ese contexto, la elección de Obama ha sido proclamada como la cúspide del logro negro y como el supuesto fin de las injusticias raciales” (Taylor, 34). Pero la esperanza de algunos sectores no tardó en darle paso al estupor cuando a pocos meses de haber asumido la presidencia, Obama demostró que, al menos en lo que respecta a la política exterior, él no se diferenciaría mucho de los lineamientos de su antecesor:

            “. . .el récord de rápida acumulación de atrocidades de Obama en el mundo musulmán incluye el bombardeo de la villa afgana de Bola Boluk. Noventa y tres de los muertos de la villa destrozados por los explosivos de los Estados Unidos, eran niños… 130 civiles han sido asesinados. . . Obama. . . se uniría a Francia y a otros poderes de la OTAN en la imperial ejecución de Libia, la cual asesinó a más de 25.000 civiles y desató una matanza masiva en el Norte de África. El asalto liderado por los Estados Unidos sobre Libia fue un desastre para los africanos negros y provocó la más grande crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. . . Dos años después de la guerra con Libia, la administración de Obama ayudó a instalar a un asesino régimen golpista de derecha en Honduras”. (Street).

            A nivel nacional, Barack Obama también le dio continuidad al legado conservador al firmar el Acta de Autorización de Defensa Nacional del 2011, (National Defense Authorization Act) en la que se permitía, entre otras cosas, la detención indefinida de todos aquellos ciudadanos estadounidenses sospechosos de actos terroristas, y el uso de drones con el objetivo de asesinatos selectivos de todas aquellas personas que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional —incluyendo a los ciudadanos—, programa éste último considerado por Chomsky como “la más extensa campaña de terrorismo global que el mundo haya visto. . . es también una campaña generadora de terrorismo —eso está bien entendido en la gente en los altos puestos del gobierno” (citado por Street).           

             En la comunidad hispana Barack Obama fue bautizado con el título de “deportador en jefe”, debido a su férrea política de deportaciones que superó, con creces a todos sus antecesores demócratas y conservadores. Bajo sus dos administraciones (2009-2017), fueron deportados por orden judicial alrededor de tres millones de indocumentados, entre ellos un importante conglomerado de latinoamericanos, compuesto principalmente por mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. En comparación, su antecesor, George Bush, deportó un millón menos de indocumentados (García Marco). Pero no todo el panorama de su gestión a nivel nacional fue negativo, como lo demuestra la creación, en el 2010 del Programa de Cuidados Médicos Accesibles (Affordable Care Act, ACA), conocido como “Obamacare”, una reforma del sistema sanitario cuyo fin ha sido la reducción de los costos de los seguros médicos y el aumento del acceso de la población al sistema de salud, entre otros aspectos. Asimismo, Obama promovió una política de inmigración destinada a proteger, de posibles deportaciones, a aquellos inmigrantes indocumentados que fueron llevados a los Estados Unidos cuando aún eran niños. Se trata de la Acción diferida para los llegados en la infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) que ha beneficiado a miles de jóvenes latinoamericanos.

            Para un importante y crítico segmento de los afroamericanos, la gestión de Obama constituyó una profunda desilusión debido a su renuencia y falta de compromiso frente a los problemas fundamentales de esa comunidad que, en no pocos casos, se agravaron durante ese período, incluyendo el número de asesinatos acaecidos como consecuencia de la violencia y brutalidad policiales. En tal sentido, Keeanga-Yamahtta Taylor, señala que los afroamericanos experimentaron “la misma indiferencia y una activa discriminación” (36), que se tradujo, entre otras cosas, en una constante tasa de desempleo y de niveles de pobreza:

“Desde que asumió Obama, el ingreso negro promedio cayó un 10,9% … comparado con el 3,6% de caída para los blancos,,, La pobreza contribuye a una multitud de otras enfermedades sociales: el 26 % de hogares negros tiene “inseguridad alimentaria”, el eufemismo que utiliza el gobierno para describir el hambre; 30% de los niños negros tienen hambre; 25% de las mujeres negras carecen de asistencia sanitaria; 65% de los nuevos diagnósticos de HIV se localizan en mujeres negras. En las ciudades más grandes, las mujeres tienen tantas chances de ser desalojadas como los hombres negros tienen de ser encarcelados: en Milwaukee, a pesar de que las mujeres negras constituyen sólo el 9% de la población, representan el 30% de los desalojados. Los efectos en cascada del racismo y la pobreza en las vidas de los afroamericanos trabajadores y pobres son imparables” (37-38).

            Además de justificar su resistencia a afrontar los problemas de su comunidad bajo la premisa de que él gobernaba “para todos los estadounidenses”, Barack Obama se hizo eco, al menos indirectamente, del discurso hegemónico del daltonismo al recriminar y culpar a los afroamericanos por las dificultades que atraviesan, afirma Taylor: “…el presidente Obama, hablando ante una audiencia de estudiantes negros graduados en universidades, afirmó que “no tenemos tiempo para excusas”, como si las mayores tasas de desempleo y pobreza de los afroamericanos fueran productos de “excusas”. Y estas no son recriminaciones que provengan solamente de la élite negra: el 53% de los afroamericanos dice que los negros que no salen adelante son culpables de ello, mientras que sólo el 30% dice que el motivo es la discriminación” (34). Esta reflexión apunta a uno de los más complejos aspectos del racismo: su internalización, es decir, hacer propio el discurso del opresor coadyuvando, paradójicamente, a fortalecer el sistema racista en el cual se está inmerso (Bivens, 44). Asimismo, esta internalización se pone de manifiesto en las relaciones interculturales entre diferentes grupos, donde se entrecruzan aspectos de raza, género, nacionalidad y etnicidad: “Especialmente cuando la raza se confunde con la nacionalidad y la etnicidad, el racismo internalizado frecuentemente se manifiesta en el enfrentamiento entre diferentes grupos culturales y étnicos por los escasos recursos que el racismo le deja la gente que no disfruta del privilegio blanco. Esto puede crear una jerarquía basada en la cercanía a la norma blanca” (Bivens, 44). Esta situación permitiría explicar, por una parte, el desplazamiento ideológico hacia la derecha de algunos sectores de las minorías en los Estados Unidos, aspecto que ha quedado en evidencia al momento del voto. Por otra, contribuye a comprender los orígenes de las complejas rivalidades y conflictos entre los diversos grupos minoritarios creando, en algunos casos, confrontaciones extremas que se ponen de manifiesto en las guerras de pandillas —gangs—, tal como sucede entre los hispanos y los afroamericanos, por ejemplo.

            El progresivo deterioro de las condiciones de vida de una importante porción de la población en los Estados Unidos, sumado al abismal aumento de las desigualdades sociales y al evidente incremento de la brutalidad policial ejercida en contra de los afroamericanos, configuraron aspectos de vital importancia en la formación del movimiento antirracista Las vidas negras importan (Black Lives Matter). Pero el verdadero punto de inflexión que terminó por darle un empujón definitivo a esta organización lo constituyó la absolución de George Zimmerman, en el 2013, acusado de asesinar, en Florida, el año anterior, al joven afroamericano de 17 años, Trayvon Martin. La indignación de las activistas comunitarias—Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Toneti— ante éste y otros innumerables casos de injusticia, se volcó en un movimiento que hoy tiene representatividad en todo el país, tal como lo demuestran las recientes protestas. Asimismo, la acción civil en las últimas décadas se ha visto vigorizada gracias, en gran parte, a los testimonios audiovisuales que la tecnología celular permite recoger.

El desenmascaramiento del fascismo

            A fines de la década de 1990, el sociólogo español Manuel Castells reflexionaba en torno a las diversas consecuencias que estaban generando, en el marco de las sociedades contemporáneas, el proceso de globalización y la imposición del neoliberalismo. Entre esas consecuencias, Castells apuntaba a la disolución de la autonomía de las instituciones, organizaciones y sistemas de comunicación, así como a una profunda crisis de legitimidad de la identidad debido a la rápida desintegración de la sociedad civil heredada de la era industrial (66): “La privatización de las agencias públicas y la desaparición del estado de bienestar, si bien alivian algo la carga burocrática de las sociedades, empeoran las condiciones de vida para la mayoría de los ciudadanos, rompen el histórico contrato social entre el capital, la fuerza laboral y el Estado, y eliminan gran parte de la red de seguridad social, la base del gobierno legítimo para la gente común” (354). En algunos casos la respuesta a esa inestabilidad social y a esa pérdida de la identidad se manifiesta en un repunte de las fuerzas conservadoras que intentan recuperar el “bien perdido”, tal como sucedió con la elección de Donald Trump en diciembre del 2016, para asombro de una importante porción de la población estadounidense y, por qué no decirlo, también del mundo. Su eslogan “Vamos a hacer grande a América otra vez” no sólo abogaba por devolverle al país su hegemonía a nivel internacional, sino también por prometerles una mejoría de las condiciones de vida a los sectores más golpeados por la globalización, entre ellos los blancos de la periferia. Al mismo tiempo, en sus discursos Trump apelaba a diversos aspectos que han dominado el “mosaico cultural e ideológico” de la sociedad estadounidense desde sus inicios, recuperando y legitimando con ello un sentido de identidad perdida: “liberalismo, individualismo, idealismo, exaltación de la propiedad privada, sentido mesiánico, sentimiento antiestatal, apego a la tradición”. (Hernández Martínez, 113). A esos aspectos se suma su nacionalismo, y su xenofobia subrayados por un abierto racismo en contra de los hispanos y de la comunidad afroamericana, entre otras muchas minorías:

“Parte de la campaña y de la plataforma política de Trump consistió en denigrar a los inmigrantes y a las personas de color. . . Insistió, por ejemplo, en que construiría un muro para detener las «hordas de invasores» y etiquetó a los mexicanos como «criminales» y «violadores». . . Su retórica divisionista alentó a su base electoral y fue clave en su camino a la Presidencia. Una vez en el poder, Trump continuó con sus disparates discursivos en Twitter, sugiriendo, por ejemplo, que EEUU necesitaba inmigrantes noruegos en lugar de gente de países «de mierda», poblados de negros. Su gobierno ha implementado una sucesión de medidas dirigidas contra los migrantes con el objetivo explícito de restringir, modificar o destruir el sistema estadounidense de inmigración y de asilo.

Si bien al comienzo Trump afirmó apuntar únicamente contra los inmigrantes «ilegales», los ataques contra los migrantes no autorizados alimentaron la animosidad hacia la gente de color y la cambiante demografía de EEUU” (Hines).

            Ello permite explicar, al menos en parte, la reemergencia pública de diversas agrupaciones supremacistas y nacionalistas —fascistas— que durante décadas habían permanecido parcialmente en las sombras y que hoy continúan apoyándolo pese a que Trump ha desmantelado muchos de los logros sociales obtenidos en gobiernos anteriores que favorecían, también, a los sectores blancos de la periferia. A la contundente reducción de impuestos destinada a beneficiar a los sectores más privilegiados se suma, bajo la gestión de Trump, un recorte presupuestario masivo de la asistencia social, en diversos ámbitos, para los sectores más desposeídos, incluyendo subsidios para vivienda, alimentación y educación, así como una legislación destinada a reducir los beneficios de la Ley de Medicina Accesible (“Obamacare”), implementada durante el gobierno de Barack Obama. Muchos de los programas sociales destinados a las personas de bajos recursos han sido eliminados o, en el mejor de los casos, han sufrido recortes significativos, como es el caso del programa de beneficios para los minusválidos y el de asistencia temporal destinado a los sectores más necesitados, incluyendo la eliminación del Fondo de contigencia: “El nuevo presupuesto severamente dañaría a una serie de inversiones que ayudan a muchas de las mismas personas que él ha dicho ser su prioridad —la gente que ha sido abandonada por la economía actual o que vive en comunidades urbanas o rurales en problemas”. (Parrott). A esa cruzada de la administración de Trump, se suma la emprendida en el área de inmigración que, inicialmente, se enfocó en los musulmanes al firmar una prohibición de ingreso al país de personas provenientes de Iraq, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, bajo el pretexto de evitar el ingreso de terroristas en los Estados Unidos. Otra oleada en la política migratoria ha tenido como objetivo fundamental impedir el ingreso ya no sólo de migrantes hispanos ilegales o no autorizados, sino también de los legales, así como eliminar por completo el sistema de asilo bajo el cual muchos centroamericanos se han acogido:

            “Medidas como la separación forzosa de niños de sus padres en la frontera sur; la detención de niños y sus padres migrantes en celdas y jaulas en condiciones deplorables; la deportación de migrantes que han residido toda su vida en el país, que incluso deben dejar a sus hijos nacidos en EEUU, junto con muchas otras iniciativas, tienen como objetivo la destrucción del sistema inmigratorio del país tal como lo conocemos. Si bien puede ser que Trump sea el vocero más vulgar del movimiento antiinmigratorio, hay sectores del Partido Republicano que han promovido muchas de sus políticas durante años. Para los que trabajamos en el campo de la inmigración y los derechos humanos, estas políticas resultan chocantes y, hasta ahora, inimaginables: la crueldad ha reemplazado todo resabio de humanitarismo, protección y reunificación de la familia”. (Hines)

            Diversas organizaciones de derechos civiles estiman que aproximadamente 5.500 niños inmigrantes han sido separados de sus padres bajo la administración de Trump. Algunos de ellos se han reunido con sus familias, pero muchos otros aún permanecen en algunas de las 200 prisiones destinadas para los inmigrantes, repartidas por todo el país, de las cuales cerca de un 70% son manejadas por contratistas privadas que se benefician con jugosas ganancias. Según fuentes oficiales aportadas por el gobierno federal, estas contratistas recibieron, sólo en el 2017, cerca de 650 millones de dólares. Sin embargo, ello no se ha proyectado en una mejoría de la precaria situación de los indocumentados detenidos —adultos y niños—, que carecen de servicios básicos de alimentación, salud y alojamiento. Como han comentado algunos activistas de los derechos humanos, pareciera tratarse de una política diseñada para mantener a los prisioneros en un estado de incomodidad permanente.

            Como resultado de las políticas migratorias de la última década, incluyendo las del gobierno de Barack Obama, ni los veteranos se han librado de ser deportados. Cientos de ellos, provenientes de diversos países del mundo, pese a haber luchado en las guerras de Irak y Afganistán, entre otras, se han visto despojados de todo tipo de beneficios, incluyendo los de salud, aun cuando hayan sufrido heridas en combate (Zamudio).

El socialismo ya no es el “cuco”

            Si bien el racismo y la violencia policial se han erigido en los detonantes de las protestas acaecidas en los últimos meses, en plena cuarentena del corona virus en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, es indudable que esos aspectos constituyen sólo una parte de un evidente y continuado proceso global de precarización de la sociedad civil bajo la impronta del proyecto neoliberal. Ello permite explicar que, por primera vez desde el fin de la guerra fría, alguien como Bernie Sanders se hubiese atrevido  a hablar de socialismo en los Estados Unidos, y que diversas organizaciones de derechos civiles, así como de luchas antirracistas, concuerden en que el problema central del país es el capitalismo: “Permítanme ser claro. Yo entiendo que yo y otros progresistas confrontaremos masivos ataques de aquellos que intentan usar la palabra “socialismo” como un insulto. Pero debo decirles que he enfrentado y superado estos ataques por décadas —y no soy el único” (Bernie Sanders, citado por Golshan). En sus diversos discursos, Sanders ha puesto el dedo sobre la llaga social que afecta a una importante porción de los estadounidenses: “Cuando hablamos de oligarquía, permítanme aclarar a lo que nos referimos. En estos momentos, en los Estados Unidos de América, tres familias controlan más riqueza que la mitad inferior de nuestra población, unos 160 millones de americanos. El 1% superior posee más riquezas que el 92% inferior, y el 49% de todos los nuevos ingresos generados hoy en día va para el 1% en el tope. De hecho, la desigualdad de ingresos y riquezas hoy en día en los Estados Unidos es mayor que en ninguna otra época desde la década de 1920”. (Citado por Golshan). Entre sus propuestas, más alineadas con la socialdemocracia que con el socialismo como tal, aunque él se define como un “demócrata socialista”, se destacan la necesidad de una educación universitaria gratuita, un sistema de salud universal al alcance de todos, aumento de los impuestos para los más ricos, eliminación de la deuda estudiantil y de la deuda por servicios de salud, congelar las deportaciones hasta que se complete una rigurosa auditoría de las prácticas actuales, poner fin al racismo sistémico y a las desigualdades raciales, y utilizar fuentes alternativas de energía para contribuir a frenar el cambio climático, entre otros. Muchas de esas propuestas coinciden con las demandas de diversos movimientos civiles que no se identifican con los partidos políticos tradicionales del establishment. De allí que Sanders hubiese emergido, especialmente entre las nuevas generaciones, como un genuino y representativo vocero. Si bien es imposible que llegue a la presidencia, su enorme arrastre en los sectores más progresistas ha puesto en evidencia la urgente necesidad de un cambio para los Estados Unidos, país donde la polarización social se está proyectando también, y cada vez más, en una polarización política, especialmente durante  el período de Donald Trump, caracterizado por el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Ese cambio, sin embargo, tardará en hacerse patente, tal como lo sugiere la candidatura del demócrata Joe Biden, quien tanto en su gestión de senador como de vicepresidente de Barack Obama, “fue uno de los principales arquitectos de la desindustrialización y  responsable por la pérdida de cientos de miles de trabajos sindicalizados” (Chris Hedges).  La élite gobernante deja al pueblo sin alternativas, mientras el fascismo avanza a paso seguro.

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