Por Carolina Ruiz y Camilo Hornauer, Fundación Plantae

 

 En un contexto global de extrema crisis socioambiental, la lógica del actual modelo económico basado en la sobreexplotación de la naturaleza es cada vez más cuestionado y rechazado por la ciudadanía. Santiago, capital de 7 millones de habitantes, arrastra en la última década una severa sequía. Incomprensiblemente, se sigue dando cabida a proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares, que atesoran las últimas reservas de agua dulce de la región. Esto se hace tangible en la última gran área fiscal (142.000 ha) en el Cajón del Maipo, candidata a ser el primer parque nacional de la RM, pero que actualmente tiene en su centro a la «Mina La Perla» y es acechada por el ambicioso proyecto de la «Mina El Rubí».

Desde mucho antes de la COP25, la crisis climática y ecológica ya era un hecho real y urgente confirmado por el mundo científico. Sin embargo, el actual gobierno, ha impulsado desde sus inicios una agenda proinversión muy distante de las demandas territoriales, y en muchos casos contraria a la opinión de las organizaciones de la sociedad civil y en desmedro de la naturaleza y las personas. Concretamente, el ejecutivo levantó una «Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables» (https://www.oficinagps.cl/) que está impulsando 268 proyectos, de los cuales 49 tienen relación con el sector minero, una de las industrias que más ha contribuido a la actual crisis global.

Uno de los grandes proyectos de inversión que esta oficina se encuentra impulsando es el cuestionado proyecto minero «Los Bronces Integrados» de Anglo American, en la cabecera de las cuencas de Santiago y Valparaíso. Su objetivo es ampliar la actual operación de una mina a rajo abierto (colindante con 9 glaciares) y habilitar un nuevo punto de extracción mediante una mina subterránea que perforará el subsuelo del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca (una de las pocas áreas protegidas de la RM). Una situación absurda y descontextualizada si consideramos que estas regiones concentran la mayor cantidad de población de Chile y que de allí proviene parte importante del agua de estas regiones, ambas con un elevado estrés hídrico y que además se proyecta a ser incluso peor en los próximos años debido al calentamiento global (más información de este proyecto visita: https://laderasur.com/articulo/el-dilema-del-agua-los-glaciares-y-la-mineria-hasta-cuando/)

Mina Andina, izquierda y Mina Los Bronces, derecha. Santiago al fondo. Julio 2019. Foto/Tomas Munita

 

Pero la historia no termina ahí. En los valles fiscales de Colorado y Olivares, que suman 142.000 ha y que se ubican a solo 70 km de Santiago en el Cajón del Maipo, la amenaza de esta industria es inminente. A tal punto, que el 54% de toda la superficie de estos predios tiene otorgada alguna concesión minera de explotación o exploración (en trámite o constituida). Si bien esto no significa que existan actualmente mineras en operación, es cosa de tiempo para que estas empresas decidan ingresar un proyecto minero al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) con altas probabilidades de ser aprobado.

Para desgracia de este territorio, que aun sobrevive pese a la fuerte presión de amenazas antrópicas, encontramos en su parte central un área de 16.000 ha pertenecientes a la empresa cementos Bío Bío S.A., a quien hace solo 5 meses (7 de agosto 2019), él SEA le autorizó ampliar las faenas de su mina La Perla, la cual viene extrayendo caliza por cerca de 10 años y ahora lo piensa seguir haciendo por otros 13 años más. Para colmo, este proyecto ingresó solo mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debido a que ya contaba con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) la cual le fue otorgada en 1997, ósea, hace más de 20 años atrás, cuando el cambio climático recién tomaba fuerza y en un contexto en el que este territorio aún no había sido declarado Sitio Prioritario Rio Olivares-Colorado-Tupungato[1] ni Zona de Interés Científico para Efectos Mineros[2].

Volcán Tupungatito. Fotografía de Guy Wenborne.

Cabe aclarar que el hecho de que un área sea declarada de Interés Científico para Efectos Mineros no quiere decir que sea un lugar especial para desarrollar minería, sino que todo lo contario, protege sus características naturales e históricas únicas restringiendo este tipo de uso al exigirle al titular contar con el permiso del Presidente de la República para ejecutar un proyecto minero (artículo 17 N° 6° del Código minero). Sin embargo, pareciera ser que esta medida no intimida a quienes deciden hacer minería en lugares de alto valor de conservación como este, ya que actualmente un nuevo proyecto se perfila para operar en medio de un predio fiscal que miles de chilenos deseamos se convierta en el primer gran Parque Nacional de la Región Metropolitana.

En octubre del 2019, un poco antes del estallido social, ingresó al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero El Rubí, al norte de la mina La Perla de Cementos Bío Bío S.A. Una inversión de la empresa Yesos Andinos S.P.A, la cual tiene detrás a la empresa alemana Knauf, una de las más importantes del mundo en cuanto a producción de tableros de yeso, también conocidos como tableros de volcanita.

Para ser más precisos, este proyecto, que se ubica a 19 km al noroeste de la Central Alfalfal, más que ser una nueva explotación, consiste en la ampliación de una mina que ya viene operando desde el 2010 con el permiso sectorial de SERNAGEOMIN (Res N° 550/2010). Esto quiere decir que este yacimiento nunca ingreso al SEA y no cuenta con una RCA, debido a que su tasa de extracción no supera las 5.000 ton/mes y no se encuentra dentro de un área protegida (reglamento de SEA, artículo 3 letra i). Sin embargo, aquí surge una cuestión que tiene que ver con el impacto acumulativo que tienen los proyectos pasado un cierto periodo de tiempo. Concretamente esto quiere decir que, si se explota de a poco el mineral, pero sin pausa durante 9 años, el lugar termina notoriamente deteriorado tras el tránsito constante de camiones, las zonas de acumulación de mineral y material, y la explotación misma.

Mapa ubicación Mina el Rubí. Fundación Plantae

 

El proyecto minero El Rubí busca ampliar sus faenas a 50.000 ton/mes lo que equivale a 400.000 ton/anuales las cuales serán realizadas entre 6 y 8 meses del año, específicamente en periodo estival. Si consideramos que toda el área colindante a la explotación se convirtiera en un gran Parque Nacional implicaría que tendríamos que compartir la ruta de acceso con enormes camiones levantando polvo y aumentando el riesgo de accidentes además de que la explotación misma provocaría una serie de impactos a los ecosistemas circundantes como vegas y glaciares. Una situación que es abiertamente indeseable pero que empeora si consideramos que el proyecto contempla una vida útil a 57 años. Si, leyó bien, una cantidad de tiempo insólita si a esto le sumamos que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) dijo que «el planeta alcanzará el umbral crucial de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales para el 2030, lo que precipitará el riesgo de una sequía extrema, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos para cientos de millones de personas.» ¿Se imaginan? En palabras simples estamos hablando de un Santiago que amenaza con ser aún más caliente y seco de lo que ya es, por lo que una acción como esta, más allá de ser irresponsable, sería social y ambientalmente lapidaria.

Otro punto a considerar en términos de amenazas es el hecho de que Santiago ha sido considerada como sector de alta sensibilidad de suelos (riesgo de erosión y de deslizamientos de tierra) y alta prioridad de conservación, en el proyecto de Ordenamiento Territorial del Gobierno de la RM. En 1987, este hecho se materializa cuando en el estero Parraguirre, que colinda pocos metros con lo que sería la futura explotación, ocurrió una catastrófica avalancha de roca que mató a 37 personas y destruyó parte de las plantas hidroeléctricas Los Maitenes y El Alfalfal que en aquel entonces se estaban construyendo. De acuerdo a Hauser 2002[3], quien estudió este desastre, concluyó que debido a una combinación de factores hidrológicos, morfológicos, geológicos, y estructurales hacen de esta zona un lugar propenso a deslizamientos de estas características y el autor hace especial énfasis en que cualquier construcción en el área debe considerar en su diseño la evaluación de este riesgo. Si bien el proyecto en su línea base reconoció la presencia de aluviones en la zona, no contempló los potenciales impactos que la mina y sus instalaciones podrían ocasionar en los ecosistemas y las personas en caso de repetirse un evento de estas características.

Cabecera Estero Parraguirre dirección noreste. Se aprecian glaciares colgantes entre Cerro Solari y Cerro 5.130 y glaciar cubierto (con roca Rojiza). Reynaldo Charrier.

Por otra parte, cobra gran relevancia la presencia de vegas en las áreas en las que se emplaza actualmente el proyecto. Estos ricos ecosistemas son humedales altoandinos que se caracterizan por poseer agua gran parte del año brindando albergue para muchas especies y abasteciendo de agua al sector productivo además de forraje a la fauna silvestre y la ganadería local. Los impactos que sufrirán las vegas en el sector son considerados significativos, siendo esta una de las razones por la cual el proyecto debió ingresar al SEA como un EIA. En términos prácticos, esto implica que tanto en la fase de construcción como en la de operación, ósea 57 años, las vegas presentes serán deterioradas e incluso destruidas para que este proyecto se pueda llevar a cabo. Claramente la empresa intentará mitigar estos impactos e incluso, cuando destruya, ofrecerá compensar reparando una vega que se encuentra ya deteriorada (esto según lo expuesto en su EIA), sin embargo, aunque reparemos mil vegas, la superficie que se destruyó difícilmente volverá existir. Esta lógica, reduccionista y utilitaria, es la misma con la que operan los bancos de compensaciones a nivel mundial, para dar garantías a las empresas de seguir destruyendo a cambio de proteger en otro lugar, sin incluir en esta decisión las demandas/vocaciones territoriales ni mucho menos el bien común.

 

Cuando se vive una crisis social como la que estamos viviendo en Chile, los cuestionamientos al actuar de las empresas y del Estado abundan y son fuente de una mayor desconfianza. Los chilenos nos vamos volviendo cada día más conscientes de las consecuencias de un modelo de sociedad extractivista y neoliberal que ha impulsado y dado garantías a las grandes empresas, muchas extranjeras como Knauf, para que se posicionen y lucren en los territorios, empobreciendo sus ecosistemas, sus habitantes y su identidad. Para colmo, vemos cómo quienes ocupan altos cargos de poder son cómplices directos de estas grandes inversiones, avalando con ello una realidad nefasta, de empobrecimiento y desigualdad, que ya muchos rechazamos.

El caso de la propiedad que actualmente pertenece a la empresa cementos Bío Bío S.A es un claro ejemplo de lo anterior. Tras una larga historia de expropiación y reforma agraria, en 1980 el predio Colorado, que cubría 159.199 ha, fue entregado de manera gratuita al Ejercito de Chile. Luego en 1996, el Ejercito decide vender 16.700 ha a la empresa Cementos Bío Bío S.A de Hernán Briones. El precio de venta fue de tan solo $27.500 la ha[4].

Hernán Briones fue presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y uno de los más influyentes dirigentes empresariales que apoyaron la dictadura. Fue en esos años que Briones entabló con el general Pinochet un lazo de amistad y complicidad. Fue el propio Pinochet quien autorizó la venta de una parte de la Hacienda Río Colorado a la empresa que controlaba Briones. Un año después de ese beneficioso negocio, Hernán Briones Gorostiaga –junto a otros militares y empresarios- crearon la Fundación Presidente Pinochet, para preservar su legado.

Pero la historia no termina ahí. Según las memorias anuales de Cementos Bío Bío (dueños de la mina La Perla), el ex Ministro de Economía, José Ramón Valente, fue parte de su Directorio hasta el 2017 y durante el 2016 fue además vicepresidente de la empresa. Además, el Ex ministro ha sido director de varias empresas chilenas y extranjeras como Soprole, Transelec, Telefónica, Brookfield, Banmédica, Universidad del Desarrollo, Penta Vida, entre otras[5]. En resumen, nos encontramos frente a un personero político con una consolidada carrera de empresario y director de empresas. La historia de casos conocidos públicamente pudiera sugerir que un vínculo tan estrecho entre política y negocios no es sano para un país que necesita un camino de desarrollo sostenible bajo un marco de probidad y transparencia.

Obras Mina la Perla. Declaración de Impacto Ambiental 2019 en el Servicio de Evaluación Ambiental.

 

Sin embargo, también hay noticias «parcialmente» positivas. El pasado 13 de diciembre, él SEA solicitó dar retiro anticipado al proyecto minero El Rubí por varias razones, pero principalmente porque el proyecto no reconocía la presencia de glaciares en el área y por ende omitía información respecto a los potenciales impactos que las tronaduras, el material particulado (MP 10 y MP 2,5) y carbono negro proveniente de la explotación, les causaría a estas importantes reservas de agua dulce.

Algunos antecedentes. Los Valles de los ríos Colorado y Olivares y sus tributarios poseen en sus partes altas (sobre 2800-3000 msnm) gran cantidad de glaciares que aportan en épocas de verano, y más aún en estrés hídrico, con aproximadamente 30-40% del agua que abastece la Región Metropolitana. Recordemos también que, en estas condiciones, el caudal de los ríos puede ser un 100% de origen glaciar. El estero Parraguirre, en cuyas riberas se encuentra la Mina El Rubí y La Perla, es uno de los tributarios del Rio Colorado, y a él confluyen pequeños valles laterales que cuentan con unos 40 glaciares, principalmente del tipo Rocoso y en menor medida Blancos y cubiertos. Este primer tipo de Glaciares, propios de la zona norte y central de Chile y poco conocidos dado que no se ven a simple vista al no asomar el usual color blanco azulino del hielo, tienen una importancia clave en virtud de su estructura y dinámica, que los convierten en reservas de agua para largo plazo, más aún en un escenario de Cambio Climático. Estos glaciares a diferencia de los blancos, se desplazan a menores velocidades y perdurarán más tiempo, dado que su tasa de pérdida de masa o derretimiento es bastante menor.

La cercanía de estos proyectos Mineros a las reservas de agua, es incompatible en una región donde la desertificación y el elevado número de habitantes debieran imponer una política de absoluto cuidado y resguardo de estos glaciares y sus ecosistemas. Corresponde mencionar que los glaciares rocosos están subrepresentados en el catastro de glaciares de la DGA del 2014 y que el proyecto de ley sobre protección de glaciares, que actualmente se tramita en el Congreso, relativizó su importancia con el ingreso por parte del ejecutivo de la indicación Sustitutiva Nº 184-367, que a todas luces da acogida a la presión del sector Minero que persigue la mínima protección posible para los glaciares. Esta indicación no prohíbe actividades sobre ellos y deja abierta la posibilidad de alterarlos mediante un Permiso Ambiental Sectorial, el cual puede ser obtenido desde la DGA cuando el proyecto no afecte significativamente la escorrentía actual y potencial a la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta agua, ni tampoco su estabilidad mecánica. De acuerdo a lo anterior, es evidente que la indicación refleja una visión errada y alejada de la realidad, al priorizar intereses económicos por sobre el bienestar socioambiental. 

Ahora bien, la magnitud de eventuales impactos la podemos dimensionar con solo conocer la cantidad de glaciares aledaños y la superficie o tamaño que ellos representan y su consecuente valor e interacción con los ecosistemas y servicios que ellos prestan. En un radio aproximado de 12 km a la redonda del yacimiento, catastramos al menos 60 glaciares, de los cuales un 85% de ellos son del tipo rocoso y 15% glaciares blancos y cubiertos, lo que suma una superficie de más de 2.500 hectáreas. Adicionalmente, cabe mencionar que el glaciar más cercano se encuentra a no más de 2 km de distancia de la zona de explotación. Estos antecedentes vienen a reafirmar que, permitir un proyecto industrial o minero de estas características, denotaría una seria despreocupación, e incluso negligencia por parte de la autoridad ambiental.

Glaciar cubierto en la cabecera del Estero Parraguirre. Carlos Fouilloux.Por el momento, podemos celebrar que él SEA hizo su trabajo y funcionó, deteniendo un mal proyecto, pero no podemos bajar la guardia, y menos a sabiendas de una crisis hídrica sin precedentes, un «elefante blanco» como algunos han llamado, y que acaba de generar la activación del gobierno con la campaña «Chile se está secando». Dado el interés de inversionistas chilenos y extranjeros, y el rentable mercado de la industria del Yeso, es muy probable que el proyecto vuelva a ser ingresado y con más fuerza. Al respecto, cabe mencionar que ni la evidencia científica y ni el clamor ciudadano lograron evitar que el proyecto de expansión de la mina la Perla fuera aprobado y que los Bronces Integrados se siga tramitando tranquilamente en SEA.

Por último, cabe señalar un par de antecedentes más sobre el ingreso de este proyecto. La empresa tenía contemplado utilizar 7 hectáreas de propiedad fiscal para instalar dos áreas permanentes (Los Ranchos 1 y 2) donde contemplaban la recepción del material, chancadora, sala de ventas, bodegas, baños, comedores, oficinas, etc, todo esto, según lo que se desprende de la observación hecha en el EIA del proyecto  por la Seremi Metropolitana del Ministerio de Bienes Nacionales, sin contar previamente con el derecho del uso del suelo fiscal y en un sector que la campaña ciudadana #QueremosParque está impulsando que sea oficialmente protegido. Además, el titular no contempló en su área de influencia el tramo de casi 30 kilómetros que atraviesa toda la propiedad fiscal hasta llegar a dicha zona de ventas que sería recorrida por futuros compradores (grandes camiones) y los trabajadores del yacimiento. En el proyecto ambiental se omite dicha información e impacto, argumentando que la venta del material (y por ende su transporte hacia centros de procesamiento final) será a cargo y de responsabilidad de los compradores.  Un tremendo impacto si consideramos la presencia de un Bien Nacional Protegido, el Volcán Tupungato y el sector de Baños azules, que son atractivos frecuentemente visitados por turistas y deportistas, además de los habitantes locales de la zona del Alfalfal y los Maitenes quienes además de desarrollar actividades tradicionales como veranadas, también ofrecen servicios turísticos en época de buen tiempo.

Obras consideradas por el proyecto Minero El Rubí. Fundación Plantae.

 

En resumen, nos encontramos en presencia de un territorio dotado de increíbles maravillas naturales que paulatinamente se ha ido deteriorando debido a la ausencia histórica de una planificación territorial que permita compatibilizar y/o limitar ciertos usos, lo que, en el mediano y largo plazo se traduce en problemas sociales y ambientales. Este territorio, con sus vegas, glaciares, bosque esclerófilo andino, cumbres de más de 5.000 msnm (como el Tupungato y el Cerro Solari), sitios arqueológicos y lugar de trashumancia lo vuelven claramente un lugar con identidad e historia que le otorga una clara vocación de conservación, deporte y turismo local bien manejado. No permitamos que lo sigan destruyendo.

Cerro Solari. Álvaro Vivanco, DAV.[1] «Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad de la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025″

[2] http://www.minmineria.gob.cl/media/2017/02/ds-78-2005-mineria-.pdf

[3] Hauser A. 2002. Rock avalanche and resulting debris flow in Estero Parraguirre and Rio Colorado, Region Metropolitana, Chile. Geological Society of America. Reviews in Engineering Geology, Volume XV. 135-148 pp.

[4] https://ciperchile.cl/2018/03/19/historia-de-un-despojo-las-tierras-de-la-reforma-agraria-que-el-ejercito-arrebato-a-campesinos/

[5] https://ciperchile.cl/2018/01/24/los-negocios-privados-del-nuevo-equipo-economico-de-pinera/